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«No hay democracia sin libertad de expresión». Así reza el lema que los medios de comunicación han venido utilizando en diversas manifestaciones para protestar contra dos artículos de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación,  promulgada por Evo Morales y que para muchos comunicadores y analistas significa una amenaza en contra de la libertad de expresión, básica en todo régimen democrático.

Esta norma en su artículo 16 de la Ley señala que «el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación». Es por eso que esta norma atenta contra la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad de opinión, dado la ambigüedad o discrecionalidad en la que se podría incurrir.

El artículo 23, establece que cuando la difusión o la incitación al racismo o discriminación «sea cometida por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno» para evitar su enjuiciamiento y se enfrentará a una condena de hasta cinco años.

El problema está en que esta pena afecta de forma específica a los periodistas, publicistas, administrativos, contadores que trabajen en un medio de comunicación, vulnerando el fuero sindical y laLey de Imprenta, la cual fija tribunales de imprenta para tratar delitos relacionados con el manejo de la información.

Otro problema es la ley es, según se apunta, que esta legislación no alcanza a empresas ni profesionales de otros rubros, ya que ingresan en una figura de discriminación a las empresas de medios de comunicación, porque sólo en este caso se especifica  y sanciona penalmente y no en otros rubros donde se podrían presentar con mayor frecuencia los supuestos delitos de racismo y/odiscriminación[i].

Además, esta norma iría en franca contradicción con la Constitución promulgada por el mismo gobierno, la cual en su artículo 107 señala que «el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio».  Sin embargo, esto no parece preocuparle el Vicepresidente, Álvaro García, quien afirmó que no obedecerá a la Constitución ni al pueblo, a tiempo de advertir que aún con referéndum o un millón de firmas el Estado de las cosas no cambiará.

Esto, en referencia a las acciones llevadas a cabo por  trabajadores de la prensa y representantes de medios en respuesta a esta ley, quienes han encabezado medidas de presión como huelgas de hambre y caminatas hasta la sede de gobierno, La Paz, las cuales logran cada vez más apoyo de la ciudadanía, Iglesia y organizaciones internacionales.

Los trabajadores de la prensa y los dueños de medios de comunicación expresaron que no se oponen al espíritu de la ley antirracismo, pero exigen la anulación de los artículos 16 y 23, por considerar que coartan la libertad de expresión, concede carta blanca para que el Gobierno anule las licencias de los medios y encarcele a los periodistas que considere que autorizan y publican ideas racistas.

En relación a esta ley, el ex Presidente Carlos Mesa afirmó que en Boliviase ha llegado a » un punto en el que es imposible mirar para otro lado. Nada hay ya que nos permita pensar que el proyecto del «Estado Plurinacional» es algo diferente a una realidad descarnada de poder autoritario que está hiriendo de muerte a la democracia», resume.

En tanto, el analista político Marcelo Varnoux, señaló que «No existen sanciones para otros tipos de discriminación en otros rubros, porque lo que se quiere es censurar a los medios con un argumento noble como la lucha contra el racismo. En el fondo se trata de restringir el trabajo de los medios de comunicación».

Es por esto que dicha ley es indudablemente inconstitucional y abusiva, con lo que el gobierno de Morales dio otro duro golpe más a la democracia, a tiempo de actuar en todo momento desoyendo a los principales afectados por la misma,  sin importarle las huelgas de hambre, las marchas y desatendiendo el pedido de organismos internacionales.

Este paso tomado por el gobierno boliviano es ciertamente peligroso y sigue los pasos marcados por Venezuela, en donde la libertad está coartada, a tiempo de dejar atrás una democracia incipiente, para instaurar ahora otra «con sabor a dictadura».