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La senadora colombiana Piedad Córdoba, sancionada por la Procuraduría Colombiana a 18 años de inhabilitación por su colaboración con las FARC, afirmó que  acudirá al Consejo de Estado para que se anule esa decisión, luego de recusar al Procurador Alejando Ordóñez respecto de esta sentencia.

Según Ordóñez, la facilitadora colombiana en el conflicto con las FARC, habría promovido al grupo guerrillero y colaborado con él.

La colaboración de Córdoba con el grupo guerrillero según el Procurador, habría consistido en cuatro aspectos: «estrategia política de las FARC; estrategia para la defensa del ex jefe guerrillero conocido con el alias de ‘Simón Trinidad’ y otras guerrilleras recluidas en la cárcel del Buen Pastor (de Bogotá); estrategia para la financiación de las FARC con dineros de otros gobierno;  y por la manipulación de las pruebas de supervivencia de los secuestrados para favorecer a las FARC y gobiernos de otros países».

Se llegó a esta determinación luego de que se que se demostró que miembros de la organización «mencionan o hacen referencia» a la  congresista en varias computadoras y memorias digitales incautadas a las FARC el 1 de marzo de 2008, en una operación en la que murió el portavoz guerrillero Raúl Reyes. La información que sirvió de prueba confirma una comunicación permanente entre ex jefes guerrilleros y la congresista, lo que demuestra una relación cercana entre ambos lados.

La Procuraduría también se apoyó en los informes de la Interpol y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), perteneciente a la Fiscalía, y de la Policía Judicial y de Investigaciones (Dijin) sobre la autenticidad de los medios electrónicos.

Como lo demostró el Ministerio Público en el juicio, hay pruebas suficientes para responsabilizar a la senadora de favorecimiento, colaboración y promoción del grupos guerrillero, además de de haberse extralimitado en sus funciones como mediadora de paz con la guerrilla.

Ahora, se señala que la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la senadora «no es procedente», puesto que se hizo «extemporáneamente».

Por su parte,  Córdoba confirmó que como senadora visitó a los encarcelados «Simón Trinidad» y «Sonia», y en otro momento se encontró con «Raúl Reyes«, todos ellos ex dirigentes de las FARC, lo que evidencia que su relación con el grupo armado era más personal que superficial.

Si se hace un análisis a su carrera política, se evidencia claramente un rol controversial, antes que conciliador, en el cual el fuerte lenguaje para atacar a sus adversarios es característico.

El choque contra el ex Presidente, Álvaro Uribe, frente al tema de los rehenes y la búsqueda de una solución negociada al viejo conflicto armado, era tema común, junto con su gran afinidad con el mandatario venezolano, Hugo Chávez, a quien apoyó expresamente en reiteradas ocasiones.

Prueba de ello es que, debido a los reiterados roces entre Venezuela y Colombia, Córdoba pidió a los países de América Latina cortar relaciones con Colombia y cuestionó que sus mandatarios se reunieran con un Presidente «elegido por la mafia y por el paramilitarismo». Ese instante marcó el peor momento político para Piedad por el rechazo de la opinión pública y la clase política a sus afirmaciones.

Sin embargo, sus primeros problemas comenzaron a mediados de 1995 cuando atacó directamente a Sergio Naranjo, el entonces Alcalde de Medellín. Piedad lo acusó de recibir financiación de la mafia, a lo cual Naranjo respondió con una demanda por injuria y calumnia, por la cual casi pierde su investidura como representante a la Cámara.

Después de su secuestro en manos del grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y exilio entre 1999 y el 2001, Córdoba llegó a perder  su credencial de senadora en el 2005 debido a su confrontacional posición. Casi un año después, en enero de 2008, su popularidad seguía en picada.

Aunque en aquel entonces  intervino en la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, rehenes de lasFARC, una encuesta de Invamer Gallup registró que su imagen negativa pasó del 32 al 63 por ciento, mientras que su imagen favorable cayó de 42 a tan solo 22 puntos[1].

En este mismo tiempo, la Corte Suprema le inició investigaciones por traición a la patria y sobre ella pesaba la duda de hasta dónde llegaban sus relaciones con las FARC.

Ahora, esas dudas se disipan rápidamente con las pruebas que se avalanchan en su contra, las que llevaron a la decisión de la Procuraduría colombiana.

Ciertamente, es de cuidado el tema de la expansión de este tipo de grupos armados en la región, sobre todo en el ámbito político y no solamente armado o paramilitar. Es por eso que se deben tomar las medidas necesarias para evitar que la guerrilla a inferir en círculos tan importantes como el político de mano de quienes se encuentran en su seno y que son encargados de velar «por el bien común». Esto, en tiempos en que el gobierno colombiano, de mano de Uribe antes y de Santos ahora, viene dando golpes duros a la agrupación guerrillera que tantos secuestros y muertes ha ocasionado en Colombia.