Por Otto J. Reich y Ezequiel Vázquez Ger

En días recientes se llevó a cabo la 42º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cochabamba, Bolivia. Durante la Asamblea, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, intentó bloquear la publicación del informe anual sobre el estado de la libertad de expresión en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que fue considerado una nueva embestida contra la libertad de expresión.

La libertad de prensa no es el único derecho que esta siendo amenazado por el líder ecuatoriano. Por años, Rafael Correa ha utilizado todos los recursos del gobierno a su alcance para concentrar el poder en sus manos. Cada vez que Correa ataca a un periodista, estatiza un canal de televisión o deja impune a una persona involucrada en casos de narcotráfico, lo hace a sabiendas que la justicia en su país es controlada por él mismo.

Algún tiempo atrás Correa dijo en televisión: “El presidente de la republica no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el estado ecuatoriano, y el estado ecuatoriano es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado Ecuatoriano”. Esta afirmación, constituye lo que muchos constitucionalistas ecuatorianos describen como un “de facto coup d’ etat”

En Mayo del pasado año el Presidente Correa llamó a un referéndum popular para re-estructurar la Corte Suprema. El resultado fue la eliminación del Consejo de la Judicatura –órgano encargado de seleccionar a los Jueces – y la creación de un nuevo Consejo, controlado por él mismo a través de la designación de tres delegados provenientes del poder ejecutivo, legislativo y de control social, los cuales responden directamente a los intereses del Presidente.

Inmediatamente después, el nuevo Consejo procedió a elegir a los nuevos 21 jueces de la Corte Suprema. Para sorpresa de pocos, 14 de los 21 poseen vínculos directos a miembros de la administración Correista, o han estado involucrados en fallos escandalosos en el pasado. Uno de ellos, por ejemplo, es Wilson Merino, quién el año pasado fue el Juez encargado de dictar la sentencia en el caso del disparatado caso del Presidente Correa contra el diario El Universo, en el cual se le otorgo al Presidente la suma de $40 millones de dólares. Esta sentencia fue luego “perdonada” por el Presidente, debido a la presión internacional ejercida por organizaciones de prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – la misma que Correa quiere silenciar.

Como recompensa a su lealtad al Presidente, Wilson Merino fue electo a la Corte Suprema. Esto fue solamente posible debido a la manipulación que Correa ejerció sobre el proceso de selección. Este proceso establecía una serie de requerimientos, cualificaciones y evaluaciones que los candidatos debían aprobar para poder ser elegidos. Wilson Merino no cumplía con las calificaciones mínimas. Pero como el Consejo responde a Correa, la nota final de Merino fue artificialmente cambiada, dándole los puntos adicionales necesarios para acceder a la Corte.

Los Ecuatorianos no se mantuvieron callados. Miembros de la oposición, como por ejemplo el Asambleísta Andrés Páez, denunciaron el fraude y la manipulación del proceso de selección por parte del Presidente. Así mismo, Páez ha identificado al menos siete casos adicionales de jueces que han sido seleccionados bajo el mismo esquema fraudulento. El Presidente Correa ha atacado publica y verbalmente a Páez por haber emitido estas denuncias.

El proceso de selección contó con una veeduría internacional encabezada por el Juez español Baltasar Garzón. Se espera que el Juez Garzón emita un reporte final acerca de la transparencia y legitimidad del proceso en los próximos días. Miembros de la oposición ya han informado a Garzón sobre todas las irregularidades y los casos de fraude ocurridos.

El Presidente Correa está tratando de destruir el sistema judicial de su país en tres pasos. Primero, reestructuró el sistema de elección de jueces para poder ejercer total control sobre el mismo. Segundo, usando dicho control, designó a sus subordinados y amigos, tales como Wilson Merino, a la Corte Suprema. El tercer paso esta siendo implementado en estos momentos, y consiste de la legitimización internacional del proceso.

El éxito o fracaso del plan de Correa dependen por un lado de la reacción internacional ante este fraude, y por el otro del reporte del Juez Garzón. Por el bien de todos los ecuatorianos, es necesario que los defensores de la democracia alrededor del mundo levanten sus voces en defensa de la libertad en el Ecuador, y que el Juez Garzón le enseñe a Correa la diferencia entre la democracia y la autocracia.

…
*Otto J. Reich fue Embajador de Estados Unidos en Venezuela, Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos y miembro del Consejo de Seguridad Nacional.
Ezequiel Vázquez Ger es Asociado de Otto Reich Associates, LLC.

Fuente: Publicado Originalmente en Foreign Policy Online, 13 de junio de 2012.