Desconocer abiertamente las sentencias de los tribunales internacionales, cuando ellas son adversas respecto de algún gobierno, es claramente una de las peores credenciales que pueden exhibirse en el escenario internacional. Es una postura automáticamente tóxica para la imagen de cualquier país en la comunidad internacional. Es asimismo una demostración clara de falta de respeto total al estado de derecho.

Por esto, la situación de la República Argentina, cuyo gobierno desconoce las sentencias de su propia Corte Suprema y, además, las de los tribunales arbitrales del CIADI y del MERCOSUR, no puede en modo alguno tomarse a la ligera y configura una gravísima materia pendiente, que debería enderezarse y resolverse, sin demoras.

Lo que está sucediendo, en paralelo, con el gobierno de Hugo Chávez es, por aquello de “dime con quien andas”, un aliciente absolutamente claro para salir lo más rápidamente posible del feo grupo de los gobiernos incumplidores.

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se esperaba, descalificó la insólita proscripción política que había sido impuesta por el Gobierno de Venezuela contra el candidato opositor Leopoldo López y ordenó que se le restituyeran plenamente todos sus derechos políticos, de los que -inhumana y arbitrariamente- había sido despojado.

Pero, acto seguido, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), absolutamente adicto a Chávez, desconoció esa sentencia de neto corte republicano, teniéndola por “inejecutable” y manteniendo así perversamente la inhabilitación política de Leopoldo López. Como si la Corte Interamericana de Derechos Humanos simplemente no existiera.

No obstante, López -reconocido por su coraje- no se ha amilanado. El ex Alcalde de Chacao y del área metropolitana de Caracas sigue empeñado en su carrera hacia la presidencia de Venezuela, anunciando que participará en las elecciones primarias de la oposición, que tendrán lugar en febrero de 2012 y que luego, de imponerse en las primarias, también lo hará en las elecciones presidenciales del 7 de octubre del año próximo.

Para López, la decisión del TSJ pertenece a la misma naturaleza que las torcidas declaraciones del general venezolano Henry Rangel Silva, quien -arrogándose facultades dictatoriales- manifestó, muy suelto de cuerpo, que los militares venezolanos no aceptarían una derrota de Chávez en las urnas, o sea que no aceptarían el veredicto popular. De allí al conflicto social, hay un solo paso.

López, con todo acierto, agregó ante los micrófonos de la prensa que su situación no afectará -para nada- la unidad de la oposición. De lo que se colige que, si perdiera la interna, como es ciertamente posible, porque lidiará contra otros candidatos de gran fuste, trabajará codo a codo con quien en definitiva sea ungido como el candidato presidencial único de la oposición, que -dicho sea de paso- hoy lidera en las encuestas de opinión.

Para el enfermo Chávez, de pronto, el panorama se ha oscurecido. Mucho y en varios frentes al mismo tiempo. Para Venezuela puede estar amaneciendo, con aires de libertad.

Emilio J. Cárdenas.
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.