Conceder indultos o amnistías en fechas significativas, como lo es el Bicentenario, forma parte de nuestra tradición. Que la Iglesia Católica lo solicite al Gobierno es una cuestión también habitual.

De modo que no tiene nada de extraño que los obispos Goic y Errázuriz le hayan entregado al Presidente Piñera una propuesta de indulto.

Se han elaborado todo tipo de teorías para explicar por qué la Iglesia plantea hoy este tema. Que quiere perjudicar al Gobierno al ponerlo en una situación difícil; que al no excluir de los beneficios a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos está tomando partido por ellos. ¡Los mismos que tanto celebraron a la Iglesia por alzar su voz en la defensa de los derechos humanos la acusan hoy de favorecer a quienes los violaron!

Nada de eso tiene mucho asidero; es lógico que la Iglesia plantee una iniciativa destinada a lograr la paz social en una fecha como ésta. Pero es incómodo.

Es incómodo para el Gobierno por al menos dos razones: porque debilita uno de sus pilares programáticos, que es el combate a la delincuencia; y porque, si llegara a proponer el indulto, debilita su estrategia de presentarse como un gobierno de centroderecha que tiene un fuerte compromiso con el respeto a los derechos humanos. Complicado.

Pero es incómodo también para la Concertación.

No resulta fácil argumentar, si se tiene un mínimo respeto por el pensamiento crítico, que las razones humanitarias que se invocan habitualmente para conceder un indulto no se aplican a un determinado grupo de la población. Las personas beneficiadas por los indultos son, por lo general, personas ancianas o enfermas, a quienes se les rebaja la duración de la condena. ¿Por qué habría de negárseles a los militares las razones humanitarias?

Por la naturaleza de los delitos que cometieron, se argumenta. Pero, dice la Iglesia, no todos ellos tienen igual responsabilidad en esos delitos. Es que no se han arrepentido, no han pedido perdón, se afirma entonces. ¿Todos ellos? ¿Ninguno se ha arrepentido, ninguno ha colaborado con la justicia? ¿Quién puede afirmarlo?

Es que no es justo, se dice en un intento postrero por negar lo evidente. Las víctimas han sufrido por mucho tiempo y los condenados han tenido privilegios especiales en el cumplimiento de sus condenas. ¿Y eso los hace más sanos, o más jóvenes?

Lo que ha sucedido en nuestra sociedad, aunque cueste aceptarlo, es que un grupo: los uniformados que participaron en violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, no merece la misma consideración que el resto de los chilenos. Son parias.

Es triste. Porque si lo pensamos bien, en el origen de las violaciones a los derechos humanos está casi siempre la estigmatización de un grupo de la sociedad. Traidores a la patria, enemigos de la revolución, ponen en peligro la seguridad nacional. Sin distingos, sin matices.

Políticos de la Concertación han argumentado que rechazan el indulto por consideración a los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; esperaron mucho tiempo y sería faltarles el respeto indultar a quienes los agraviaron de esa manera.

No existe paz en los espíritus entonces, eso es lo que sucede. La petición de la Iglesia Católica sólo ha venido a ponerlo en evidencia. ¿Qué hay si no detrás de la insistencia en que sigan sufriendo los rigores de su condena?

Es difícil saber qué pasa por la mente de otro cuando uno no ha estado en una situación de tanto dolor. No podría juzgar a quienes actúan así. Pero tampoco es bueno, a mi juicio, cerrar los ojos, esconder lo que se nos está revelando. No hay paz social en nuestro país, no hay disposición a perdonar. Tendrá, quizás, que pasar una generación.

Lo que no podemos hacer es reprochar a la Iglesia Católica por volver a lo que hace dos mil años inició su fundador, venir a incomodarnos: poner en evidencia, por ejemplo, que no es coherente defender los derechos humanos y no atender a razones humanitarias.

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(*) Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo.