Bolivia: Aprobación de Ley Autonómica en Bolivia

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Cuando Evo Morales logró ganar en las elecciones  en enero de este año, inmediatamente anunció que comenzaría con la  aceleración del proceso de transformaciones, lo cual suponía que, en los primeros 180 días del funcionamiento de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, se aprobarían cinco leyes fundamentales: del Órgano Electoral Plurinacional, del Régimen Electoral, del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, contando con la mayoría absoluta en la Asamblea.

Ante la presión indebida de parte de Morales de declararse en una huelga de hambre si estas no se promulgaban,  los parlamentarios del oficialismo  corrieron contra el tiempo y aprobaron  el pasado 19 de julio -tan solo a 3 días de la fecha límite- la última de estas reformas: la relativa a la  Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Fue aprobada después de más de diez horas de discusión, tiempo durante el cual, no se tomó en cuenta las observaciones de la oposición, cuyos intentos de modificar los temas de fondo fueron vanos, pues al final se impuso la mayoría  oficialista. Los temas más álgidos guardaban relación con los estatutos, pacto fiscal y suspensión de autoridades electas, respecto de los cuales no se llegó a ningún acuerdo entre la oposición y el MAS (partido de gobierno).

Esta ley, que tiene 149 artículos y 18 disposiciones transitorias, busca normar y reglamentar los procesos autonómicos que se tienen que dar en los planos departamentales, municipales, indígena – originarios, así como sus competencias.

Por su parte,  la oposición anunció que tiene pensado interponer un recurso de inconstitucionalidad, no sólo a la ley autonómica, sino a las otras cuatro leyes fundamentales ya aprobadas con anterioridad. Esto, debido a que 17 artículos de la Constitución son vulnerados, además porque se trata de una norma que persigue a los opositores y consolida el centralismo.

Si bien es claro que esta norma no satisface a todos los sectores, tal como apuntó el Primer Mandatario, su aprobación fue aplaudida por el opositor Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, considerado uno de los principales bastiones opositores al gobierno central. Sin embargo, este beneplácito no fue bien visto en el Comité Cívico del mismo departamento, como tampoco lo fue en los departamentos de  Tarija o Beni.

Aunque esta norma reconoce la existencia de la autonomía,  el titular del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, la considera  más bien, una burla para el pueblo boliviano porque, en vez de otorgar recursos a los departamentos, posterga el desarrollo regional.

Debemos recordar, así mismo, que fue Santa Cruz el departamento que lideró la lucha por la autonomía en 2007,  cuyo resultado, fue el establecimiento su Estatuto Autonómico desde su aprobación, en 2008.[i]

A su vez, uno de los ideólogos del Estatuto Autonómico de Santa Cruz,  Juan Carlos Urenda, califica a la Ley Autonómica aprobada por el gobierno como un enorme retroceso al proceso autonómico, ya que afirma que con ello se ha enterrado, aproximadamente, un 70% de los Estatutos Autonómicos que fueran aprobados por el 86% de los votos de los cruceños[ii]. Es claro al expresar que aquí no hay nada que festejar y que al contrario, es mas bien una derrota. Apunta también a que, mientras esté vigente la actual Constitución,  no se podrá lograr la autonomía que quiere Santa Cruz, ya que la Carta Magna contiene muchas trabas. A esto hay que sumar una traba más, ya que la recién aprobada Ley de Autonomía no entrega competencias reales. En sus palabras «no hay vocación autonomista, veo un régimen propio de gobiernos dictatoriales»[iii].

Por otro lado, algo que generó controversia fue el hecho de que  esta normativa castiga con la suspensión temporal y hasta la revocatoria de mandato con sólo el requerimiento fiscal, sin necesidad de juez, ni menos esperar la sentencia ejecutoriada, como dispone la Constitución. Con éste mecanismo legal, el Gobierno pretende deshacerse de las autoridades de la oposición.

En este sentido, el alcalde de Tarija, Oscar Montes, afirmó «nos parece que eso no le va hacer bien ni a la gobernabilidad de los niveles subnacionales de Gobierno ni a la democracia misma, porque a cualquier denuncia resulta que las autoridades van a ser suspendidas y eso va generar no sólo incertidumbre también ingobernabilidad»[iv].

En cuanto al efectivo traspaso de atribuciones a los departamentos dentro del marco de «autonomía administrativa», se apunta a que, en el fondo, no se está haciendo efectiva la descentralización, ya que la norma resta competencias y recursos a los departamentos; por lo tanto, el avance no es significativo para las cuatro regiones que iniciaron el movimiento autonómico, porque finalmente este proceso es una imposición del Gobierno de Evo Morales. Al respecto, el senador cruceño Germán Antelo expresó que esta Ley  traerá consecuencias a las regiones cuando se busquen los recursos para asumir una serie de competencias, sobre todo las que tienen que ver con salud y educación. Dijo que no solo se trata de transferir facultades a las regiones sino que deben reasignarse recursos por parte del Gobierno.

Algunas interrogantes y cambios que plantea la ley de autonomía, son:

1) Seguridad: al derogarse la Ley de Descentralización el Gobernador no manda a la Policía departamental y ésta depende exclusivamente del Ministerio de Gobierno.

2) Educación: al derogarse la Ley de Participación Popular los municipios deberán coordinar con el nivel central el pago de ítems de maestros y hasta los gastos de administración de las escuelas que estaban en manos de los municipios.

3) Salud: el nivel central coordinará el pago de ítems para médicos y hasta la administración de los hospitales, atribución que en la Ley de Participación estaba conferida en el último de los casos a los municipios.

4) División territorial: antes estaba conformada por departamentos, provincias, municipios y secciones. Ahora con la Ley de Autonomías desaparecen las secciones de provincias y son reemplazadas por las autonomías indígenas.

5) Legaliza la persecución: la Ley Marco de Autonomías extrae y actualiza de la Ley de Municipalidades un artículo que ya estaba desfasado sobre la suspensión de un munícipe, la amplía al gobernador o asambleísta que con la sola acusación formal ante un juez puede ser alejado del cargo.
Finalmente, el paso a seguir por los asambleístas es la promulgación de un nuevo «paquete» de leyes sociales para continuar con las reformas planteadas en la Constitución Política del Estado.

A todo esto, hay que concluir que el gobierno prácticamente domina el ámbito político del país, ya que logró desmembrar a la oposición, en principio, personificada en la denominada «media luna»[v], mediante la persecución política y distintas acusaciones judiciales. Ahora, se ve cómo claramente el principal bastión opositor al gobierno, el departamento de Santa Cruz, se ve dividido entre el apoyo a Morales y su entendimiento con el gobierno central (Rubén Costas, gobernador de la ciudad), frente a quienes aun mantiene su lucha (Comité Cívico Pro Santa Cruz) en contra del oficialismo y sus injusticias, apoyados por autoridades de Beni y Tarija.

Con la aprobación de estas cinco leyes «fundamentales», el partido de gobierno logra tener el control absoluto de los tres poderes del estado:  el MAS tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional[vi], con lo que puede controlar el funcionamiento de las leyes; controla el  poder Judicial, ya que Morales procedió al nombramiento, de manera subjetiva y arbitraria,  vía Decreto, de 18 de los 26  Magistrados, justificándose en la necesidad de cubrir las vacantes de los máximos órganos del Poder Judicial (el cual quedó prácticamente inoperativo en los últimos años por las sucesivas dimisiones de sus miembros debido a denuncias promovidas en su contra por parte del oficialismo). Además, tiene el control sobre los departamentos opositores que en 2008 abogaron por su autonomía mediante la aprobación de sus estatutos autonómicos. Esto debido a que la Constitución establece que antes de que los estatutos mencionados entren en vigor, deben ser revisados y sometidos a un control del Tribunal Constitucional (como se dijo, controlado por el oficialismo).

Es decir, el Gobierno de Morales ostenta todo el poder político en sus manos, como ningún gobierno lo había logrado desde la fundación de su República en 1825. Corriéndose el riesgo de atentar contra los principios democráticos, sobre todo, la división de poderes.

 


[i] Los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que fueron aprobados en referéndum  el 2008, requerirán de un pacto entre el MAS y los opositores para ser adecuados a la Constitución Política del Estado (CPE) y así entrar en vigencia.

[ii] Este Estatuto autonómico fue aprobado el 4 de mayo de 2008, mediante un referéndum regional llevado a cabo en el departamento de Sata Cruz.

[iii]«Nueva ley crea vacíos y caos en las regiones»,  diario «EL DÍA», 21 de julio de 2010.

[iv] «Alcaldes del país atentos a la aprobación de la Ley Marco de Autonomías», radio «FIDES»,  17 de julio de 2010.

[v] Esta estaba conformada por los dirigentes de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, más Cochabamba en un principio.

[vi] Esta Asamblea Legislativa está compuesta por 36 senadores, 70 diputados uninominales, 53 plurinominales y siete indígenas representando a los nueve departamentos de Bolivia. De los 166 miembros totales, los del oficialismo son 110.