Las últimas semanas han sido críticas para la democracia salvadoreña. Cuatro partidos políticos, en incumplimiento de un fallo constitucional y del principio de independencia judicial, insisten en mantener la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el propósito de desarticular la conformación actual de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, máxima autoridad en justicia constitucional. Los abogados electos inconstitucionalmente como magistrados, incluyendo la figura del Presidente del Órgano Judicial, han tomado posesión de su cargo protegidos por los sindicatos del Órgano Judicial y los principales liderazgos de los partidos políticos que los impusieron contra ley expresa.

Según la Constitución de la República, la CSJ está integrada por 15 magistrados. Cada tres años se renueva un tercio de la CSJ, por lo que la Asamblea Legislativa debe proceder a nombrar cinco nuevos magistrados. El período de tres años entre una y otra renovación coincide con la celebración de elecciones municipales y legislativas. El constituyente lo determinó de esa manera, para que a cada legislatura le correspondiera sustituir sólo un tercio de los magistrados. Sin embargo, tanto en 2006 como en 2012, las respectivas legislaturas procedieron a renovar cada una ellas, dos tercios de la CSJ. Con esta acción y al elegir 10 magistrados cada una de ellas, violentaron las respectivas disposiciones constitucionales.

La Sala de lo Constitucional procedió a declarar ambos procesos como violatorios de la Constitución y ordenó repetir la elección de los magistrados tanto del 2006 como del 2012. Esta sentencia no ha sido cumplida por la Asamblea Legislativa y por el contrario, han recurrido, como se explica más adelante, a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Dicha entidad es un tribunal regional dedicado a asuntos relacionados con el sistema de integración y no tiene jurisdicción en los procesos constitucionales de sus Estados miembros. Sin embargo, ordenó suspender los efectos de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal el nombramiento de los magistrados 2006 y 2012. A pesar que la Sala de lo Constitucional estableció que la resolución de la CCJ no era vinculante, la Asamblea Legislativa mantiene su posición de incumplimiento al fallo constitucional.

El giro de la justicia constitucional a un tribunal más independiente en los últimos tres años ha sido el motivo principal por la que los diferentes partidos políticos se han empeñado en destituir a los magistrados de la Sala. Además del fallo relacionado en los párrafos anteriores acerca de la ilegalidad en el nombramiento por una misma legislatura de dos tercios de los magistrados de la CSJ, existen otras sentencias emblemáticas que han motivado los intentos de ruptura democrática en El Salvador.

En julio de 2010, la Sala estableció que el sistema de listas cerradas para elegir diputados era inconstitucional por limitar desproporcionadamente la libertad del voto. En el mismo fallo, la Sala determinó que la prohibición de candidaturas no partidarias para optar a un escaño legislativo era también inconstitucional. Ambas resoluciones fueron rechazadas por los principales dirigentes de los partidos y por los legisladores, quienes amenazaron a los magistrados con destituciones y juicios políticos. Dos meses después, se declaró inconstitucional la posibilidad en la Ley del Presupuesto General de la Nación de transferir, sin autorización legislativa, fondos a la partida de “gastos imprevistos” de Casa Presidencial, lo cual fue duramente criticado por el Presidente Funes.

Actualmente, existen demandas de inconstitucionalidad en relación con el nombramiento de dos militares retirados en los cargos de Ministro de Justicia y Seguridad Pública y de Director de la Policía Nacional Civil. Las organizaciones que interpusieron tales demandan han señalado que la Constitución, luego de los Acuerdos de Paz de 1992, prohíbe la dirección de la seguridad pública a cargo de militares. Por su parte, el Presidente Funes ha advertido que de declararse los nombramientos de inconstitucionales, “la Sala de lo Constitucional será la responsable de cualquier incremento en los índices delincuenciales”.

A lo largo del proceso, la Sala de lo Constitucional ha recibido un apoyo significativo de diversos sectores sociales (universidades, organizaciones estudiantiles, tanques de pensamiento, asociaciones profesionales, ONGs dedicadas al fortalecimiento democrático, sindicatos, gremiales, la Iglesia Católica, etc.). Por su parte, la comunidad internacional ha empezado a reaccionar sobre los graves acontecimientos que involucran no sólo el incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de sentencias de la Sala de lo Constitucional, sino también la politización de la Corte Centroamericana de Justicia, que sin tener competencia, ha interferido en la justicia constitucional de uno de los Estados miembros de la integración centroamericana.

Las consecuencias institucionales que podría generar la crisis de no resolverse en el corto plazo son las siguientes:

1. Debilitamiento de la separación de Órganos Fundamentales del Estado.
2. Subordinación de la justicia constitucional a organismos extranjeros.
3. Politización de instituciones relacionadas con la persecución de la corrupción y administración de justicia.
4. Reformas que posibiliten la instauración de un sistema de democracia participativa avaladas por decisiones de la Sala de lo Constitucional ilegítima.
5. Violación de la disposición constitucional que describe a la Fuerza Armada como una Institución apolítica.
6. Reacciones de la sociedad civil exigiendo “el derecho a la insurrección” establecido en el artículo 87 de la Constitución para restablecer el orden constitucional.

Fuente: FUSADES, El Salvador