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En medio de una crisis político-institucional y una baja aprobación del gobierno del presidente Evo Morales, se desata un nuevo episodio que involucra a un alto mando policial del país con el narcotráfico, lo que podría profundizar aún más la crisis. El implicado en el caso es René Sanabria, jefe de la principal unidad boliviana contra el narcotráfico, quién se declaró culpable por conspiración para el contrabando de cocaína a Estados Unidos.

En una operación encubierta llevada a cabo en conjunto por la DEA, agencia antidroga norteamericana, el OS-7 de Carabineros de Chile y la policía de Panamá, agentes de la entidad estadounidense se internaron en el narcotráfico en una misión comenzada en agosto de 2010, donde descubrieron que Sanabria estaba involucrado junto a Marcelo Foronda quién ya contaba con antecedentes. Foronda se habría contactado con narcotraficantes colombianos que enviarían droga a Florida. Sanabria, jefe de la división de inteligencia antinarcóticos de la policía boliviana en ese entonces, accedió a dar cobertura al envío de 144 Kilogramos de cocaína al puerto de Miami, camuflados en un contenedor que transportaba Zinc, que además habría transitado antes por el puerto chileno de Arica. Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos ya se habían distanciado por un hecho similar, en donde agentes de la DEA habrían realizado una operación encubierta, lo que gatilló la determinación de Morales de expulsar al organismo del país acusándolos de espionaje y conspiración contra el gobierno en el 2008.

En Miami Sanabria es apresado y procesado junto a su cómplice Foronda. Podrían enfrentar una sentencia a cadena perpetua, pena que se llevaría a cabo si es que fuesen hallados culpables en el juicio del caso programado para el 2 de septiembre de 2011. Sin embargo, ambos llegaron a un acuerdo de delación compensada con la policía norteamericana el cual podría reducir la pena, declararon públicamente su culpabilidad y afirmaron entregaran mayor información sobre personas involucradas con el narcotráfico en Bolivia. Este acuerdo quitaría de la sentencia el segundo cargo de «importación de cocaína» y reduciría la pena a una cantidad de años cercana a los 13.

Tras la confesión de Sanabria, se han generado diversos enfrentamientos políticos tanto internos como externos para Bolivia. Al mismo tiempo resurge la preocupación sobre el arraigo del narcotráfico en el país que es el tercer productor de esta droga a nivel mundial. Es preciso mencionar que sin la DEA en el país, la producción de coca ha aumentado 3 veces durante el mandato de Evo Morales, quien además ha sido líder del sindicalismo de cultivadores de coca, base para la producción de cocaína. A esto se agrega que, el pasado 23 de junio, el Congreso boliviano aprobó, a petición del presidente, el abandono de la convención de la ONU contra los estupefacientes de 1961, como protesta porque el organismo no ha despenalizado el masticado de la hoja de coca. Estos antecedentes revelan que los esfuerzos por combatir el narcotráfico, uno de los problemas más apremiantes no sólo de Bolivia sino de la región, no han sido suficientes.

Esto también ha constituido un nuevo episodio en el quiebre de las relaciones entre Bolivia y Chile ya congeladas tras la amenaza boliviana de demanda ante instancias internacionales para conseguir una salida al mar. Evo Morales ha declarado, con el ánimo confrontacional que lo caracteriza, que lo considera una falta de lealtad y ha acusado a Chile de «servir a intereses externos» por no notificar a la administración boliviana sobre la misión que se estaba llevando a cabo con respecto al narcotráfico. No obstante, en Chile, como lo afirma la Editorial del 2 de julio pasado del Diario La Tercera (Chile) se ha alabado la decisión de no notificar la misión llevada a cabo al gobierno boliviano, porque «no es posible dimensionar que tan profunda es la influencia del narcotráfico al interior del gobierno».

A pesar de que los voceros del oficialismo boliviano han descartado que esto pudiera tener coletazos para el gobierno de Morales, fuentes han determinado que la administración se está preparando para enfrentar lo ocurrido y sus consecuencias. Es preciso mejorar de antemano la imagen del gobierno pues tendrán que responsabilizarse por el tema tanto si su participación ha sido por acción o por omisión. Entre estas medidas se barajaría un cambio de gabinete justo antes del juicio de septiembre. Además el mandatario ha condenado pública e insistentemente al narcotráfico, así como catalogado a Sanabria y su colaborador de criminales intentando degradar constante y abiertamente su imagen.

Sin embargo, será posible vislumbrar la magnitud real del conflicto sólo tras el juicio de septiembre una vez que se conozcan las declaraciones de Sanabria y Foronda, donde pueden salir a la luz personas y hechos que afecten directamente al oficialismo y sus colaboradores, así como a altas autoridades políticas del país.