De: EDMEE VELÁSQUEZ JOSÉ ZOMETA POLITICA@ELDIARIODEHOY.COM

Más discusión y mayor consenso sobre aspectos electorales como el financiamiento, creación o definición del ente auditor y el acceso a los medios de comunicación para la propaganda, por parte de los partidos políticos es lo que está proponiendo la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) a la Asamblea Legislativa, antes de aprobar la Ley de Partidos Políticos.

Fusades recalca la importancia de realizar una reflexión académica, técnica y no ideológica, sobre la definición de controles del que actualmente carece el Código Electoral, o si los contiene están sin mucha fuerza.

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) afirmó que las propuestas de ARENA y el FMLN, así como el proyecto de la Asamblea Legislativa para la ley de partidos carecen de definición aspectos sustanciales como la procedencia de los dineros para las campañas políticas, la distribución de la pauta en los medios de comunicación y de la autoridad que ejercerá la auditoría a las finanzas de dichos institutos políticos.

En el anteproyecto del FMLN y de la Asamblea coinciden la gratuidad de la propaganda en los medios estatales, mientras la de ARENA solamente pide apegarse a las leyes.

En el aspecto de las auditorías, la de ARENA y la Asamblea coinciden en dejarlo en manos del Tribunal Supremo Electoral y la del FMLN no propone ningún ente.

Mientras respecto de los fondos, cada propuesta tiene su particularidad y no se parecen entre sí. (Ver módulos en siguiente página).

Respecto al financiamiento de los partidos y candidatos, Fusades cita en sus documentos institucionales a los académicos argentinos Daniel Zovatto y Delia Ferreira, que señalan la importancia de contar con un marco jurídico eficaz para evitar el abuso y la compra de influencias de parte del crimen organizado o intereses locales o extranjeros.

«Siendo el único país que no tiene reglas claras en la regulación del financiamiento de la política, debatamos los controles estrictos que la autoridad electoral debería tener sobre el financiamiento que reciben los partidos políticos, sea este público y privado», solicitó Rodríguez.

El abogado afirmó que uno de los controles que propuso Fusades para el debate es precisamente abrir la información para que la ciudadanía conozcan cómo los partidos políticos utilizan los fondos que el Estado les da, conocido como la «deuda política».

En su estudio «Serie de investigación. Pautas generales para el consenso de una ley de partidos políticos», Fusades señala que controlar el origen y las transacciones de los partidos políticos aumenta el costo de la institucionalidad informal, manifestada a través de la corrupción, clientelismo y los abusos políticos. Añade que la transparencia actúa como mecanismo de prevención de dichos actos y comportamientos discrecionales.

Asimismo, apunta que la regulación del financiamiento fortalece la dinámica del sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema democrático, los cuales necesitan un orden.

Fusades recalca que si bien es cierto que el financiamiento político es indispensable para los partidos, ya sea para su campaña electoral o para sus actividades ordinarias, al no haber control se abre la posibilidad para la corrupción política si interviene el crimen organizado.

«En otras ocasiones las fuentes de financiamiento no son cuestionables, pero pueden estar sujetas a representar sobornos a cambio de promesas y/o favores, es decir la compra de influencia por parte de grupos de interés», se plasmaron en el estudio.

Rodríguez agrega que es mejor tener controlados tanto a personas naturales como a jurídicas, desde el inicio, para poder determinar, cuando el partido recibió dinero y gane la presidencia, verificar si está favoreciendo a sus donantes o a nivel general a todos aquellos que cumplen con los requisitos que la licitación pública establece.

Otro aspecto que para Fusades debe examinarse con lupa, y que está ligado al tema del financiamiento son los fondos públicos y privados.

En el boletín #10 del Departamento de Estudios Políticos, Fusades manifiesta que sobre los fondos que otorga el Estado, conocidos como deuda política, se deben considerar experiencias internacionales, que la inversión debe ser coherente con la situación general del país, pues hay naciones que tienen carencias que resulta indiscutible que el presupuesto público asuma esos costos.

Agrega que si bien la tendencia del financiamiento público surge como un intento por reducir la necesidad de fondos privados de los partidos, con ello se responde a una solución de equidad de competencia entre institutos políticos. Sobre los fondos privados, Rodríguez sugiere que se determine como mínimo la lista de quiénes no pueden hacer donaciones privadas.

Rodríguez explicó que lo que debería ser prohíbido es poder hacer donaciones «anónimas» puesto que esto es un portillo donde el crimen organizado puede entrar a financiar campañas, lo cual contravendría toda norma democrática.

Agregó que debe especificarse quién será la autoridad encargada de auditar a los institutos políticos, que sea independiente de ellos, con el suficiente personal técnico, atribuciones legales y presupuesto para realizar investigaciones exhaustivas.

Y finalmente, otro tema que Fusades hace hincapié a los diputados es el acceso a los medios de comunicación.

Si bien las propuestas de los dos partidos mayoritarios son muy diferentes, la Fundación expresa que el tipo de financiamiento para acceder a los medios no debe llevar a violentar la libertad de contratación.

Por el contrario, expone que en los distintos modelos en América Latina, lo que el Estado hace es comprarle a los medios de comunicación el espacio que los partidos necesitan para promover sus ofertas electorales, a precio preferencial, pero en ningún momento debe ser gratuito, dijo el profesional.

Publicado originalmente en ElSalvador.com, 09 de septiembre de 2012.