Dos nuevos escándalos le estallaron al Gobierno, que a su vez contribuyó a potenciarlos y ponerlos sobre el tapete al adoptar con los jueces a cargo dos actitudes diametralmente opuestas, pero tendientes a un mismo objetivo: garantizarse impunidad.

Nos referimos, por un lado, a la abrupta interrupción del allanamiento de una mutual que cambiaba cheques, ordenada por el escandaloso juez federal Norberto Oyarbide a raíz de una llamada del subsecretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi. En este escándalo, el Gobierno ha cerrado filas para defender por medio de sus representantes en el Consejo de la Magistratura a este juez francamente indefendible.

En el otro caso, el avance que imprimió el juez federal Claudio Bonadio a una investigación sobre una presunta malversación de caudales públicos con la pauta publicitaria de Fútbol para Todos hizo que el Gobierno activara en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra este magistrado. Al mismo tiempo, la Sala I de la Cámara Federal porteña anuló todo lo actuado por el magistrado y lo apartó del expediente en el que investigaba al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al vocero presidencial y secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro.

Esta causa nació a raíz de una denuncia de legisladores de Pro debido a la difusión, durante la transmisión de un partido de fútbol en 2012, de un spot televisivo en el que se responsabilizó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por una huelga de trabajadores del subte.

En principio, Bonadio habría investigado, además, las cuentas de la pauta publicitaria en general. En este punto radicaría la principal preocupación del Gobierno con este sumario, pues se ha mencionado que existiría una diferencia de 200 millones de pesos entre los montos de las órdenes de publicidad acumuladas en años anteriores y la pauta efectivamente emitida al aire a través de los medios.

Esa diferencia se habría registrado durante la gestión de Abal Medina, alguien que, según fuentes del Gobierno, sería ajeno al hecho, pero las mismas fuentes expresaron a LA NACION que la responsabilidad podría recaer sobre las segundas líneas, porque el dinero de la pauta publicitaria sería una de las cajas usadas con fines políticos. El gasto publicitario del año pasado ascendió a 1390 millones de pesos y, al margen de los negociados que pueda esconder, es sabido el manejo arbitrario que efectúa el Gobierno con la publicidad, pues privilegia a medios oficialistas y por lo general de escasa llegada al público, en detrimento de medios de llegada masiva pero independientes o críticos. Un beneficiado por la pauta oficial ha sido un peluquero, que entre enero y junio del año pasado recibió 5.890.280 pesos debido, según aseguró, a que también posee una agencia de medios y realiza trabajos para el Gobierno.

Como informó LA NACION, de las más de 2000 empresas y personas que recibieron pauta oficial del gobierno nacional entre el segundo semestre de 2009 y el primero de 2013, los diez primeros se quedaron con 50,2% del total. Además, sólo siete beneficiarios recibieron más de cien millones de pesos en ese período, pero los diarios de mayor circulación no aparecen.

Del total de beneficiarios, sólo 287 sumaron en los cuatro años una facturación superior al millón de pesos. Hay grupos muy cercanos al kirchnerismo, y también casos llamativos: un diario y una radio cordobeses que en su momento la Justicia atribuyó a Ricardo Jaime, y los dueños de Electroingeniería aparecen, entre otros, en la franja de los que cobraron entre 10 y 49 millones de pesos. Luego, asoman casos más extraños de empresas de turismo, transportistas y el estilista.

Paradójicamente, el afán investigativo de Bonadio lo dejó fuera de la causa de la publicidad oficial y bajo la amenaza de que en el Consejo de la Magistratura avance su pedido de juicio político, que se basa en su morosidad para investigar dos causas del menemismo que prescribieron: la privatización del astillero Tandanor -la causa fue luego reflotada por la Cámara de Casación- y las deudas nunca saldadas de la curtiembre de la familia Yoma con bancos oficiales. El pedido de juicio político lo había presentado hace más de dos años la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En otras causas, Bonadio también procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, ordenó en su momento la captura del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y allanó la Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbattella.

A los escándalos de Oyarbide se suma el del Gobierno, que lo protege -a estas alturas el magistrado parecería casi un socio de la Casa Rosada-, mientras persigue a Bonadio por causas de hace más de una década. Para que no queden dudas, los kirchneristas del Consejo de la Magistratura autorizaron al primero a declarar por escrito, mientras que a Bonadio lo llamaron en términos perentorios a una suerte de indagatoria.

Es innegable la magnitud del temor oficial por los dos escándalos cuando el Gobierno no duda en actuar de forma divergente con tanto descaro. La protección a Oyarbide es inadmisible, como también es inadmisible que se busque remover a Bonadio para impedir que siga perjudicando a funcionarios y ex funcionarios.

La investigación de la pauta publicitaria oficial debe continuar. En cuanto a la persecución desatada contra Bonadio, debe tomarse como otro mensaje dirigido a los demás magistrados para que no investiguen a los funcionarios del Gobierno. Esto es, quizá, lo más preocupante.

 

 

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Publicado originalmente en La Nación (Argentina), 01 de abril de 2014