El traspaso de los poderes presidenciales es en México un proceso largo -cinco meses desde las elecciones hasta el cambio de mando-. Antes de entregarlo, el saliente Presidente Calderón se impuso una tarea que, probablemente, facilitará la gestión de su sucesor: envió al Congreso un proyecto de reforma a la Ley del Trabajo, intocada por más de 40 años, que, de aprobarse, marcará un giro en la economía mexicana.

Calderón y el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, han coincidido en la necesidad de reformas estructurales para dar impulso al crecimiento, algo estancado en los últimos dos años (cuatro por ciento), pero en la legislatura pasada, el PRI, partido de Peña, votó en contra del proyecto del gobierno. El texto incluye flexibilización para contrataciones y fija un período de prueba hasta de 180 días para los nuevos trabajadores; legaliza la subcontratación; facilita los despidos y obliga a transparentar las finanzas de los sindicatos, lo que incluye auditorías e inéditas rendiciones de cuentas de los líderes gremiales.

Utilizando el recientemente promulgado decreto de «iniciativa de trámite preferente» (ITP, que da un plazo de 30 días para votar el respectivo proyecto), Calderón pidió al Congreso que destrabe la discusión de esta propuesta, que formaba parte de un trío de leyes que no logró aprobación en la legislatura pasada. Las otras dos se refieren a la energía, que incluye la inversión privada en Pemex, y a la reforma fiscal para frenar la evasión tributaria. Con esta modalidad de trámite, es probable que se apruebe esta ley, imprescindible para el despegue de la economía mexicana. Según el informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial recién publicado, México ocupa el puesto 53 (Chile está en el 33°), y una de las razones que se esgrimen para su mala ubicación es, precisamente, «su deficiente mercado laboral, demasiado rígido para contratar y despedir».

Cabe esperar un debate álgido en el Congreso. A la izquierda del PRD, cuyo candidato presidencial, Andrés Manuel Andrés López Obrador, salió tercero e impugnó los resultados del 1 de julio, le será fácil oponerse al proyecto, y ya ha dicho que «defenderá los derechos laborales y las conquistas sociales». En el PRI hay sectores que tampoco ven con buenos ojos el cambio, pese a que Peña Nieto dio el pase. Los poderosos sindicatos de profesores y el de Pemex, cuyos líderes manejan millonarias sumas anuales sin dar cuenta a nadie y que han tenido vínculos históricos con la vieja guardia priista, son los que más presiones pueden ejercer.

Dada la necesidad real y urgente de que esta ley se apruebe, al Presidente electo y al PRI les conviene que el debate se produzca antes de hacerse cargo del gobierno, de modo que Calderón asuma cualquier eventual costo político.

Publicado originalmente en El Mercurio, el 10 de septiembre de 2012