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En los últimos meses, México ha experimentado un aumento de las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. Este fin de semana, un grupo armado mató a 17 personas que participaban de una fiesta en la ciudad de Torreón, en el norte de México, en uno de los ataques más letales vinculados a la violencia del narcotráfico y pocos días después de la explosión de un coche bomba, enlutando a la administración del actual presidente Felipe Calderón.

Desde el 2006, el actual mandatario declaró una guerra abierta contra el narcotráfico y el crimen organizado, ganándose el apoyo de la población y de la comunidad internacional. Sin embargo, tres años después y con más de 20 mil muertes, en México se ha acentuado la lucha entre cárteles para hacerse el dominio de las áreas controladas por grupos rivales. Las muertes y las detenciones han reconfigurando la jerarquía y el poder territorial del crimen organizado en éste país.

Es así como el Gobierno de Calderón no ha logrado resultados favorables para disminuir las actividades del narcotráfico. No obstante, se conoce que desde mediados de la década de los noventa, los cárteles de la droga se han empoderado de la mayoría de los territorios estratégicos mexicanos, por lo que resulta muy complejo llevar una política eficaz y eficiente en el control de la inseguridad.

En consecuencia, estamos frente a un Gobierno que atraviesa por una delicada situación.  Todo esto se debe básicamente a que la violencia está deslegitimando la aprobación y la popularidad de Felipe Calderóny su gabinete. Además de ello en las últimas elecciones realizadas del 4 de julio,  el PAN se alió con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el fin de hacerle frente al auge del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su principal opositor.

Por todo lo anterior, esta semana se realizó cambios estructurales en el Gobierno con el fin de renovar fuerzas y enfocarse en el combate de la inseguridad. Calderón comenzó sustituyendo a Patricia Flores Elizondo por Gerardo Ruiz Mateos, como encargado de la Oficina de la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, removió al Secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta,  por el Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Francisco Blake Mora. Y finalmente, como Ministro de Economía nombró a Bruno Ferrari García de Alba.

A su vez, el Estado mexicano aparte del cambio de gabinete, ha considerado como imperante la presencia de un Relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que observe y entregue sus comentarios buscándole así una solución al incremento de la delincuencia.

En definitiva, la situación de violencia que vive México es un desafío pendiente de la administración de Calderón, quien deberá enviar señales fuertes en la lucha contra el narcotráfico, o las consecuencias inmediatas serán un mayor debilitamiento de su partido.