Por: Lorena Arboleda Zárate
Evaluar la administración de alcaldes y gobernadores es un ejercicio legÃtimo que tienen los ciudadanos para exigir que su derecho al voto sea respetado. Y es prácticamente una tradición que, cumplido el primer año de mandato –como lo exige la ley–, inconformes salgan a las calles a recoger firmas para intentar revocar el mandato de aquellos gobernantes que, según consideran, no han cumplido con su plan de gobierno. Pero la realidad es una sola: de las 166 iniciativas de revocatoria promovidas desde que la Constitución PolÃtica del 91 reglamentó los mecanismos de participación ciudadana, ninguna ha prosperado. Apenas 55 llegaron a las urnas y todas ellas fueron derrotadas por el voto negativo de los ciudadanos.
Entonces, ¿para qué las revocatorias de mandato? Según explica la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, “es una figura que se ha convertido en una forma polÃtica de adelantar el proceso electoral. Es decir, de darse a conocer o de empezar a poner una agenda ante la opinión públicaâ€. Por eso, no sorprende que dentro del abanico de quienes están detrás de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, estén jóvenes como Julián Robledo, hijo del senador de Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, precandidato a la Presidencia de la República; o Leonardo Puentes, quien se define como músico, creativo de medios y ha ejercido como consejero distrital de Arte y Cultura.
Basta recordar casos como el del desaparecido Partido del Tomate y su principal lÃder, Daniel Quintero Calle, quien pasó de ser parte de un movimiento de ciudadanos indignados con la polÃtica tradicional colombiana, a viceministro de las TecnologÃas de la Información en la administración de Juan Manuel Santos. Asà que, sin duda, los mecanismos de participación ciudadana se han convertido en una especie de herramienta para lanzarse hacia cargos polÃticos, incluidos los de elección popular. Y ni el de Quintana ni las revocatorias son casos excepcionales.
Con la bandera de la defensa de los derechos de los menores y la petición de imponer cadena perpetua a violadores de niños, Jiménez se convirtió en la segunda votación del paÃs, en 2010. Con ese caudal electoral se habrÃa catapultado como segura candidata presidencial, de no haber fallecido en junio del 2013. Hoy, su hija Johana Salamanca Jiménez heredó su legado y aunque no logró llegar al Congreso, sà decidió revivir el referendo para castigar a los violadores de niños. De hecho, hace unos dÃas inscribió ante la RegistradurÃa el comité promotor que recogerá las firmas requeridas para convocar a las urnas, a propósito de lo ocurrido con la menor de 7 años Yuliana SambonÃ, asesinada en Bogotá por el arquitecto Rafael Uribe Noguera.
Y, finalmente, está el caso de la exfiscal general y hoy senadora del Partido Liberal Viviane Morales. Este año, en el que se empieza a dibujar el mapa polÃtico de cara a las elecciones del 2018, se tramitará en sus últimos debates en el Congreso el referendo del que la congresista es autora, y que busca que sea el pueblo el que decida sobre la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Aunque aún la futurologÃa polÃtica de la senadora no está clara, es indudable su capacidad para recaudar votos. Especialmente los de los cristianos, que demostraron su verdadero poder electoral en el plebiscito del 2 de octubre.
Asà que de revocatorias y referendos está lleno el paÃs. Pero pierden legitimidad cuando sus objetivos son distintos al de hacer una evaluación real de la gestión de los mandatarios que el propio pueblo escogió. Como dice la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quienes hacen el proceso de revocatoria del mandato tienen la obligación de brindar información exacta, fidedigna y comprobable a los ciudadanos para que estos puedan evaluar y que no salgan a firmar engañados.
Y vale la pena preguntarle al Consejo Nacional Electoral, al mismo tiempo: ¿Quién vigila que la información que entregan los promotores sobre la gestión de una administración es veraz? ¿Puede o no la administración pública salir a la plaza pública a defenderse de la revocatoria? ¿Pueden o no sus funcionarios hacer campaña en contra de la revocatoria? Todos estos interrogantes aún no tienen respuestas normativas.
..
Publicado originalmente en El Espectador, el 3 de enero de 2017.