LatinoamericaLibre

Rodrigo Delaveau*

 

El Gobierno dio a conocer detalles del plan con el que quiere poner fin a la crisis carcelaria que vive nuestro país. El plan de siete medidas favorecería al 20% de las 50.495 personas que integran la población penal, condenadas por delitos menores y no violentos, excluyendo también delitos graves como el tráfico de drogas. Reclusos mayores de 80 años, ya sea por edad o enfermedad incurable, podrían cumplir las penas en sus casas y mujeres que hayan cumplido 2/3 de su pena, si existen informes favorables, quedarían libres.

El anuncio va en la línea de lo propuesta por Libertad y Desarrollo (LyD) hace ya un año, no solo en respuesta a la política carcelaria, sino como la alternativa más efectiva y eficiente frente al terremoto pasado que afectó seriamente el sistema en su conjunto. Constituye por tanto una buena medida para contrarrestar el grave atraso en programa de concesión de cárceles diseñado en los gobiernos de la Concertación.

En efecto, la cárcel no puede ser la única respuesta a la acción delictiva una vez cometido el delito. Las «medidas» alternativas deben transformarse derechamente en «penas» alternativas, donde la reclusión en recintos penitenciarios sea sólo -y exclusivamente- para quienes no es posible o razonable aplicar otro mecanismo de sanción o prevención, dada la calidad del delito cometido, su reiteración y la peligrosidad del delincuente. En esto, la tecnología puede constituirse en una gran aliada, pero los avances legislativos que permitirían implementar dichos sistemas no han ido a la par de este desarrollo.

De conformidad a los trascendidos de las medidas que impulsaría el Ministerio de Justicia, lo importante es, por un lado, asegurar que esas personas no constituyan un peligro para la sociedad y, por otro lado, que los costos sociales de las penas asignadas por los delitos, no sean extremadamente elevados. En este sentido, el brazalete electrónico constituye una medida muy eficiente que se hace cargo de ambas inquietudes y, por esa misma razón, las personas que han sido condenadas a penas inferiores a un año, ya sea por su baja peligrosidad, por ser primerizos o por cometer delitos de menor gravedad, son precisamente los que deben ser la población objetiva de este tipo de medidas. Además, este sistema será particularmente efectivo en las condenas de reclusión nocturna donde el sistema de control actual deja mucho que desear.

Sin embargo, debemos poner especial atención a los mecanismos de control y al órgano encargado de supervisar el cumplimiento de estas penas alternativas. No solo es clave contar con in sistema tecnológicamente avanzado, sino también capacitar a las personas encargadas de monitorear el sistema. Chile tiene el doble de condenados vigilados por delegado (alrededor de 60) siendo que el recomendado mundialmente es cercano a los 30.

Todo lo anterior, lejos de crear más impunidad, creará un sistema más efectivo de cumplimiento de pena en medio libre, y quizás desincentive a jueces a dejar delitos en impunidad por el temer a  que la condena en cárcel pueda ser peor para el delincuente y para la sociedad, bajo la percepción que éstas son escuelas del delito.

 

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* Director del Programa Legislativo y de Justicia de Libertad y Desarrollo (LyD)