Guatemala: Rechazo unánime e inapelable a candidatura de Sandra Torres

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Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala, se divorció del actual mandatario socialdemócrata Álvaro Colom el pasado abril para postular a la presidencia. A pesar de sus pretensiones, la candidatura de Torres fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad (CC), después de varios meses de apelar judicialmente a diversos organismos. Tras este frustrado intento, el oficialismo no podrá presentar candidatos para los comicios del 11 de septiembre próximo.

Colom y Torres pidieron el divorcio en marzo para burlar una norma de la Constitución que prohíbe al cónyuge del mandatario en ejercicio aspirar a la Presidencia, así como a éste postularse a la reelección. Tras la separación de la pareja presidencial, para que Torres pudiese presentarse como candidata a la presidencia del país, los organismos judiciales de Guatemala, el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia, rechazaron su candidatura por considerarla un “fraude a la ley”, decisión que fue avalada por diversos fallos.

Esta semana, después de cuatro meses de apelación, la Corte de Constitucionalidad resuelve de forma unánime y definitiva, tras una audiencia pública, en contra de la candidatura de Torres. La disposición constitucional utilizada para dirimir en contra de la ex primera dama es aquella que prohíbe una candidatura en cuanto «alcanza en grados de ley a familiares y que incluye a la cónyuge del  presidente de la República durante todo el tiempo del ejercicio de la  presidencia».

Esto además ha implicado que el oficialista partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) quede sin candidatos ya que se han vencido todos los plazos legales para inscribir alguno, algo inédito en Guatemala.

A pesar de que este fallo es unánime e inapelable, la coalición gobernante UNE-GANA que apoya a Sandra Torres recurrió a un posible último recurso: demandar al Estado guatemalteco frente a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), por ser “excluidos” de la contienda electoral.

La CCJ, que no cuenta con representantes guatemaltecos, admitió la demanda, lo que le da al Estado de Guatemala diez días para responder a la querella, dónde puede: aceptar la demanda, oponerse a la misma o no responder y declararse en «rebeldía procesal», considerando que los estatutos de la institución implican que las resoluciones son vinculantes para los países miembros que han ratificado ciertos tratados, como Guatemala. Sin embargo, fuentes han informado que este caso está fuera de las competencias de la corte regional, y que además es el primer caso que reciben de esta naturaleza.

Es lamentable observar cómo el propio oficialismo de un país desconfía y no respeta resoluciones de sus instituciones internas y democráticas, incluso como para apelar a organismos internacionales en la discusión de temas domésticos. La coalición UNE-GANA no ha sido “excluida” de un proceso electoral ya que la configuración de la candidatura de Torres estuvo concebida desde un principio en base a prácticas poco transparentes. No presentar otro candidato, o uno más competente, hizo que la agrupación apostara con la posibilidad clara de perderlo todo.