LatinoaméricaLibre

 

Las protestas indígenas en la Amazonia han ensombrecido el buen momento económico por el que atraviesa Perú. Los hechos de violencia del 5 de junio, en los que murieron 34 personas, son el resultado de la peor crisis en los tres años del Presidente Alan García, reflejando la complicada situación social de la selva peruana.

La protesta indígena buscaba exigir la derogatoria de los Decretos Legislativos N°1090 y 1064, que consideran pone en peligro sus ancestrales derechos sobre las tierras amazónicas. Estos decretos buscaban regular el uso y explotación de los recursos naturales de la selva, como petróleo y gas, que hasta el momento se llevan a cabo sin respaldo legal alguno. Respondiendo las autoridades, de esta forma, a los pedidos de sectores ecologistas de Estados Unidos, como un paso previo para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

El amplio rechazo de sectores indígenas, organizados bajo la Asociación Indígena de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y liderados por Alberto Pizango,  desembocó en protestas el pasado 9 de abril que derivaron en tomas de carreteras y ductos en la  región amazónica de Bagua. El Gobierno Peruano declaró el estado de emergencia y procedió posteriormente al  desalojo de la carretera que permanecían bloqueados por unos 3.000 nativos, desatándose un violento enfrentamiento que terminó con la vida de policías y manifestantes.

En este sentido, el líder de la movilización,  Alberto Pizango, llamó a la insurrección, lo que le costó que le abran un proceso por el delito de sedición. No obstante, el Gobierno peruano le otorgó el salvoconducto que le permitió salir de Perú y viajar a Nicaragua, país que le otorgó asilo político el pasado 9 de junio.

El Presidente García lamentó las muertes y acusó a los dirigentes de los nativos de provocar a la policía cuando intentaban desbloquear las vías, imputándole a su vez apoyo político de la oposición. Los dardos oficialistas apuntan al Partido Nacional, que tiene como líder a Ollanta Humala, su ex contrincante en las elecciones presidenciales del 2006.

Por otro lado, la crisis cobró una baja en el Gobierno de Alan García. La  ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, presentó su renuncia por estar en desacuerdo con la forma como se manejó la crisis. Finalmente los nativos lograron, luego de dos meses de protestas y los trágicos sucesos, que el Gobierno derogara el conflictivo decreto. Las leyes 1.090 y 1.064, fueron anuladas con 82 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, al cabo de un debate parlamentario de más de dos horas.

Poco a poco la situación ha vuelto a la normalidad, y miles de indígenas retornan a sus hogares. Mientras que el saldo político sigue siendo negativo para Alan García. Como lo confirma el sondeo Ipsos Apoyo, por tercer mes consecutivo cae su popularidad, llegando a 21%, y con ello aumentan los riesgos de inestabilidad democrática en el Perú.