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Una violenta intervención policial que buscaba desarticular el movimiento indígena que marcha desde el 15 de agosto por la construcción de la carretera que divide el parque nacional TIPNIS, ha traído diversas consecuencias para el gobierno del MAS a nivel nacional e incluso internacional. La represión y la fuerza desatada en este episodio paralizan el proyecto y muestran a un perturbado Evo Morales.

Después de recorrer cerca de 270 kilómetros en 42 días con infructuosos intentos de diálogo y negociación con las autoridades, la marcha había sido bloqueada en Yucumo, a 320 kilómetros de la Paz (su destino final), por policías y campesinos leales a Morales. Sin embargo, el domingo pasado los más de 1.500 indígenas defensores del Territorio Indígena Parque Nacional San Isiboro (TIPNIS) fueron sorprendidos por la policía, quienes arremetieron con bombas lacrimógenas y un excesivo uso de la fuerza mientras ellos tomaban un descanso. A algunos les cubrieron los rostros con cinta adhesiva, así como otros fueron detenidos (dirigentes y marchistas) para ser supuestamente devueltos a sus comunidades.

El intento de desarticulación del movimiento significó un centenar de heridos, el fallecimiento de un niño y, según los marchistas, 37 desaparecidos entre los que figuran 7 niños y un bebé, además de 15 policías heridos. No obstante, Fernando Vargas, presidente de la subcentral del TIPNIS, aseguró que algunos indígenas lograron adentrarse en la selva y escapar, en donde estarían esperando una baja de tensión en el sector para continuar con la marcha unos 30 kilómetros más hasta Quiquibey donde intentarán negociar nuevamente con el mandatario. Junto con esto, los pobladores de Yucumo que rechazaron los actos represivos, se tomaron el aeropuerto de Rurrenabaque no permitiendo el retorno de los dirigentes y marchistas detenidos a sus respectivas comunidades.

La reacción de la sociedad civil tampoco se hizo esperar, por lo que se han producido diversas manifestaciones en rechazo a la represión por parte de sindicatos, asociaciones indígenas, partidos de oposición, grupos ecologistas, grupos defensores de los derechos humanos, además de las fuertes críticas de la ONU. A su vez, las consecuencias políticas ya han sido evidentes, tras las renuncias de la Ministra de Defensa Cecilia Chacón, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, y de la Directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga, quienes condenaron la violenta intervención del domingo.

La construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS (1,2 millones de hectáreas) preocupa a los lugareños tanto por el impacto ambiental, como por la posible destrucción que significaría el asentamiento de madereros y cocaleros (cultivadores de la hoja de coca, base para la producción de la cocaína) del norte del Chapare, aledaños al TIPNIS. “Pese a su condición de jefe de Estado, Morales aún dirige sindicatos de cocaleros de la zona del Chapare, aledaña al Tipnis, y les ha prometido más tierras”[1]. Lo que resulta sorprendente, primero porque esto ha significado un aumento del cultivo de coca durante su gestión, y porque mantenga activo su vínculo con este sector considerando que su cargo debería atender por igual las demandas de todo el país.

A raíz de lo sucedido, se ha cuestionado la violencia política y social con la que ha actuado el gobierno de Morales en más de una ocasión.  La represión y la persecución observada en su gobierno, son justamente algunas de las causas por las que el mandatario luchaba siendo oposición, calificando de “asesinos” a quienes resguardaban la seguridad. No obstante, ahora él es el responsable.

Si bien, tras lo sucedido ha propuesto un referendo para las localidades afectadas (Beni, Pando y Cochabamba), así como un mayor debate del proyecto, lo que implicó la paralización del mismo, han aumentado los grupos sociales  que rechazan la represión y han convocado a dar un voto de castigo al gobierno en las próximas elecciones judiciales del 16 de octubre. Incluso manifestantes han pedido la renuncia del presidente Evo Morales, del Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, así como de otras autoridades responsables del tema.

Es evidente que en las últimas semanas el presidente ha traicionado y perdido una parte importante de sus bases de apoyo, y considerando la violencia y muertes provocadas el fin de semana, es necesario que se ordene una investigación transparente que llegue a los responsables y esos hechos no se vuelvan a repetir.