Bolivia: Persecución Política en Bolivia

Nuevos casos de persecución política en el gobierno de Evo Morales afectan a la oposición boliviana. Rubén Costas y Ernesto Suárez han sido declarados culpables de delitos que presentan inconsistencias y débiles argumentos que bordean la ilegalidad, lo que da pie para asumir que se trata nuevamente de casos de juicios políticos.

Una tradición de la vulneración a la libertad de expresión en Bolivia, se hace más frecuente y menos justificada a medida que el mandatario Evo Morales, ve como su gobierno pierde popularidad en las bases y peligra la gobernabilidad y legitimidad. Los intentos de destrucción de la oposición mediante la persecución política, han llegado a desvincular de sus cargos a prácticamente todos los gobernadores de oposición.

Rubén Costas, gobernador del departamento de Santa Cruz, cuenta con varios procesos penales considerados como un abuso de poder por parte del gobierno incluso desde la población del departamento que, en señal de apoyo, se han manifestado en defensa de Costas. Éste tiene una orden de captura por desacatar una citación judicial derivada de una acusación por difamación, siendo declarado en rebeldía y con una orden de aprehensión. Sin embargo, su defensa ha argumentado la ilegalidad del proceso.

Ernesto Suárez, gobernador de Beni, fue destituido el viernes pasado tras ser denunciado acusado de malversación de fondos públicos. La medida ha sido considerada, de la misma forma que en el caso anterior, considerada como una arbitrariedad del gobierno. El gobernador ha sido suspendido de sus funciones hasta la audiencia cautelar que ha sido aplazada hasta febrero de 2012, reemplazado por un gobernador interino, Haisen Ribera, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Se han reunido dirigentes y líderes políticos junto con los de Santa Cruz para defender a Costas y Suárez, los únicos dos gobernadores de oposición de los nueve departamentos bolivianos, junto a decenas de personas que se han movilizado hasta Trinidad en pro de la democracia y la libertad. Junto con esto, se está rearticulando la Alianza Cívica Nacional con participación de Beni, Pando, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y Tarija, los que esperaran el resultado de la audiencia programada para febrero próximo con el fin de coordinar acciones en defensa de sus líderes.

No obstante, esto se agrava considerando que a principios de año el oficialismo aprobó una ley que permite la suspensión de una autoridad electoral con sólo una acusación de un fiscal, sin la necesidad de que un juez haya sentenciado el caso. El oficialismo pretende la suspensión de los aludidos de sus cargos, mientras estos no han descartado acudir a tribunales internacionales con el fin de defender sus derechos.

El 2010, tres gobernadores de oposición fueron reelectos. Hoy, sólo Rubén Costas permanece en su cargo. La desvinculación de Suárez junto con la de Mario Cossio, ex gobernador de Tarija asilado en Paraguay, hace un año, el gobierno no esconde sus aspiraciones de sepultar la participación activa de la oposición mediante procesos irregulares de persecución.