Martin Riepl | Lima, Perú

 

La tregua política entre Kuczynski y el Congreso de amplia mayoría fujimorista parece extinguirse. ¿Puede estar en peligro la aún débil democracia peruana?

Los aluviones que provocó El Niño Costero en Perú renovaron el debilitado liderazgo del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la vez que distrajeron a una oposición hostil concentrada también en la emergencia. Sin embargo, ahora que las lluvias se retiran, el Gobierno ya no puede escapar más de la tempestad política que amenaza la precaria estabilidad del país.

De los 130 congresistas del Parlamento peruano solo 17 pertenecen al partido de Kuczynski. La bancada fujimorista, la principal fuerza opositora, tiene, en cambio, 72 asientos, la Presidencia del Legislativo y una agenda política que desde el inicio se propuso anular la gestión del poder Ejecutivo. “Nosotros igual convertiremos nuestro plan de gobierno en leyes”, amenazó la derrotada candidata presidencial Keiko Fujimori el 28 de julio de 2016, el mismo día en que Pedro Pablo Kuczynski se cruzó al pecho la banda de jefe de Estado.

Fujimori lidera la oposición y es hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori. Las últimas elecciones presidenciales las perdió por una diferencia de votantes tan estrecha que apenas llenaría un estadio de fútbol: menos de 43 mil electores en un país de 31 millones de habitantes. Han pasado diez meses y ella aún no reconoce su derrota. Más peligroso aún, sin embargo, es que los congresistas de su agrupación tampoco lo hagan. Subiéndose a la moda global de los hechos alternativos, el vocero de la mayoría parlamentaria aseguró sin pruebas que “Keiko no ha perdido la última elección y hemos aceptado el resultado, pero creo que no fue así”. Esta atrevida fantasía pone en entredicho la legitimidad del presidente, el Estado de derecho y el orden constitucional.

Las tormentas entre el Ejecutivo y un Legislativo beligerante en Perú no son nuevas, y a lo largo de su historia han sido desastrosas para la democracia. Según reseña el investigador Charles Kenney, todas las presidencias en minoría que tuvo este país a lo largo del siglo XX fueron antesala de golpes de Estado. El débil gobierno de Luis Bustamante y Rivero, huérfano de apoyo en el Congreso, terminó depuesto en 1948 por los militares. La misma suerte corrió Fernando Belaúnde, dos décadas después, luego de que el Legislativo le censurara siete ministros. Todavía hoy está muy presente en el imaginario peruano el mensaje televisado el 5 de abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori calificó al Parlamento como un obstáculo para su gestión y ordenó disolverlo. Veinticinco años después, el obstáculo es el fujimorismo.

Durante los cuatro primeros meses del actual Gobierno, el Ejecutivo y el Congreso se midieron con el cuidado de dos boxeadores que inician un combate. Luego, el Legislativo acertó el primer golpe. En diciembre, los fujimoristas censuraron al ministro de Educación tras acusarlo, sin mayores argumentos, de tener responsabilidad en actos de corrupción. El presidente se mostró aturdido frente a una ciudadanía que premia los despliegues de autoridad, y su aprobación se desplomó hasta llegar a 32%. La oposición comenzó entonces a murmurar la posibilidad de un knock out rápido en forma de vacancia presidencial y durante las siguientes semanas, como si se tratara de un ensayo en esa dirección, promovió la interpelación del ministro de Transportes, que es al mismo tiempo el primer vicepresidente de la República. Las lluvias de El Niño fueron el campanazo que detuvo la pelea cuando el Ejecutivo estaba contra las cuerdas. Ahora, con las tormentas en retirada, llegó el momento del nuevo asalto.

¿Puede el escenario de una Presidencia en minoría y un Congreso beligerante poner otra vez en riesgo el sistema democrático peruano?

En términos políticos, el Perú del siglo XXI no es el mismo que el del siglo XX. La de Kuczynski es la cuarta gestión consecutiva que puede considerarse una democracia plena, y eso nunca antes había pasado en la historia del país. Este logro tiene aún más mérito si se considera que Alberto Fujimori dejó como legado un desequilibrio de poderes estructural. Entre 1992 y 2000 su presidencia fue lo que Steven Levitsky, profesor de la escuela de gobierno de Harvard, llamó autoritarismo competitivo: el mandatario limitó el control vertical que ejercía la presión de los electores y gozó de nula fiscalización horizontal por parte de otras instituciones del Estado. Estas últimas terminaron moldeadas a conveniencia de Fujimori luego de que disolviera el Congreso y redactara una nueva Constitución.

A pesar de esta herencia, Perú post-Fujimori es casi el escenario opuesto: las instituciones de control político han recuperado poder y relevancia. Para los politólogos peruanos Alberto Vergara y Aaron Watanabe, el presidente ya no puede acumular los poderes que tenían sus predecesores, y ni siquiera goza de las prerrogativas que exhibe la mayoría de mandatarios latinoamericanos. En esta circunstancia, una Presidencia débil y en minoría, con el agravante de enfrentar a un Congreso hostil y de entraña autoritaria, puede ser también una amenaza al sistema desde el Legislativo. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski no está tan desvalido como parece y tiene armas para ganar este pulseo.

“La Constitución prevé que si se tumba a dos gabinetes seguidos se disuelve el Congreso. Yo prefiero no tener que llegar a eso”, mostró el garrote Kuczynski a pocos días de su elección cuando el Congreso le enseñó los colmillos de manera prematura. La amenaza es de una ironía notoria: el presidente podría mandar a los fujimoristas a sus casas de forma perfectamente legal usando la Constitución que el mismo Alberto Fujimori promulgó en 1993.

Si ahora que amainaron las lluvias de El Niño Costero la oposición insiste en la interpelación del titular de Transportes, Kuczynski tiene la facultad de declarar el asunto “cuestión de confianza” lo que implica que una eventual censura de su ministro derrumbaría el gabinete completo. Este es un escenario que el mismo presidente ha sugerido, como quien acaricia el garrote pero no lo saca del cinto. Si pone en marcha este rumbo de colisión y fuerza luego la caída de un segundo gabinete, las posibilidades de hundir el orgulloso Titanic del Congreso peruano son altas.

Según las últimas encuestas, Kuczynski, a quien la mayoría simplemente llama PPK, elevó su popularidad en 11 puntos gracias a su gestión de las inundaciones. Actualmente, 43% de los ciudadanos aprueba su trabajo frente al más modesto 30% que respalda al Legislativo, un poder históricamente impopular. A esto debe de añadirse que los principales medios se muestran aún escépticos de la vocación democrática del fujimorismo. La mesa está servida para el presidente, pero su apuesta parece ser la de guardar el garrote y poner una zanahoria en el plato de la oposición.

Esta semana, Kuczynski y sus congresistas mencionaron la posibilidad de excarcelar a Alberto Fujimori cuando ni siquiera los fujimoristas habían tocado el tema. El Ejecutivo tendió una mano a sus enemigos políticos, que tienen en la libertad del expresidente una de sus aspiraciones. El resultado de esta propuesta es incierto y rompe una de las promesas de campaña de PPK, sin embargo él parece más preocupado por apaciguar al Congreso que a sus electores. Kuczynski quiere extender la tregua política de El Fenómeno de El Niño al desencadenar el Fenómeno de El Chino.

¿El fujimorismo se sentirá satisfecho  solo con la excarcelación de su fundador si puede aspirar a gobernar el país?  La oposición no es tan monolítica como parece en cuanto a la libertad del expresidente y existen dudas sobre si esta resultaría conveniente para sus planes de llegar al Palacio de Gobierno. Es más, buena parte de los congresistas de la bancada apenas conoce a Alberto Fujimori. En cambio, la vacancia de PPK y el adelanto  de elecciones sí ha sido un objetivo murmurado sin mucho pudor en los pasillos del Congreso y las tres condiciones para lograrla no son descabelladas:  mayoría legislativa, una acusación  constitucional y  que la opinión pública sea favorable a la destitución.

La primera de las condiciones existe desde el inicio del Gobierno. La segunda es una espada que pende sobre  Kuczynski y se llama Odebrecht.  El actual mandatario fue ministro  de Economía y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno del hoy prófugo Alejandro Toledo y el escándalo  de los sobornos puede alcanzarlo. En los juicios políticos las pruebas no siempre son necesarias para imponer una condena y este Congreso ya lo demostró con la temprana censura del titular de Educación. En cuanto al tercer requisito, faltarían dedos para contar las potenciales razones que pueden combinarse y derrumbar nuevamente la aprobación del Ejecutivo: sensación de corrupción, enfriamiento económico, ineficiencia en la reconstrucción del país, muestras de frivolidad o debilidad, etc. El Congreso podría rechazar la zanahoria que les ofrece el presidente porque en su lado de la mesa hay platos bastante más apetitosos. La destitución de PPK es una posibilidad real.

Aunque la presidencia minoritaria de Pedro Pablo Kuczynski parece presagiar un temporal peligroso para la endeble democracia peruana, la amenaza de un quiebre constitucional es remota. En el horizonte, en cambio, se ve más cercano un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo con todas las armas que les permita el orden jurídico. El escenario de un Congreso disuelto o de un presidente destituido es posible. El país, sin embargo, tiene poca paciencia para las turbulencias, y un periodo de inestabilidad terminará debilitando por igual a la economía y a los dos poderes del Estado. Serán las negociaciones políticas, dentro de un perímetro de daño controlado, las que evitarán que la tormenta estalle y termine por afectar a todos.

 

* Este artículo se escribió en el marco del Taller de la FNPI sobre Periodismo de Análisis, orientado por Michael Reid.

Publicada originalmente en El Universo (Ecuador), el 8 de mayo de 2017