LatinoamericaLibre

 

Desde que Evo Morales asumió el poder, Bolivia ha presentado serios problemas de persecución política y abusos de poder. No obstante, sus raíces indígenas han hecho que líderes internacionales subestimen sus actos. Un ejemplo de esto son los dichos de Carlos Romero Ministro de Autonomías, quien afirma que la imagen del mandatario en el exterior es todavía más importante y fuerte que en el interior de país, convirtiéndose en una personalidad internacional valorada por su liderazgo.

Una de las maneras de dar cuenta de las irregularidades que afectan a los ciudadanos bolivianos es a través de las denuncias internacionales a las cuales están recurriendo los afectados.

Existen 20 denuncias ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea contra el mandatario, que  buscan que organismos internacionales comiencen a generar opiniones de valor respecto a sus actos en el gobierno, como por ejemplo a la prohibición de Leopoldo Fernández a realizar campaña como vicepresidente desde la cárcel de San Pedro, a dos gobernadores opositores que no terminaron su mandato, a 39 imputados por supuesto terrorismo y al ex presidente Jorge Quiroga que recibió una sentencia por tres años por calumniar la Banco Unión. Todas ellas bajo, la denuncia de una clara intencionalidad y persecución política.

En este sentido, personalidades políticas que declaran ante distintos escenarios internacionales buscan dar a conocer los «atropellos a los derechos humanos, intentos de coartar la libertad de expresión, complot contra gobernadores, persecución política hacia opositores, falta de democracia y violaciones a la legítima defensa»[1], para regular de manera internacional lo que la justicia de Bolivia no ha hecho.

Tales denuncias no parecen ser un caso aislado, ya que desde su reelección la prensa latinoamericana ha mostrado constantemente los ataques desde el gobierno hacia la oposición, siendo emblemático y muy elocuente los casos de los gobernadores de Sucre Jaime Barrón y de Potosí René Joaquino.

Desde la oposición, el objetivo es dar a conocer a todo el mundo la falta de institucionalidad que sufre Bolivia, con el fin de que organismos internacionales puedan hacer frente a un problema que la justicia interna no ha podido solucionar producto de la colusión. Desde esta perspectiva, no queda más que pensar que el Presidente está mal utilizando la democracia y destruyendo las instituciones sólo para mantenerse en el poder, aprovechándose de la falta de información que tienen los ciudadanos. Por lo que es de esperar que si las acusaciones ya llegaron a organismos europeos, éstos puedan actuar con rapidez para frenar los atentados a la libertad y a los derechos humanos.

El problema es que como señala Edwin Rojas, presidente del colegio de abogados de Bolivia, los organismos son demasiado lentos y burocráticos, por lo que las denuncias se atienden fuera de tiempo.