Argentina: Los controles de precios no funcionaron ni en Gobiernos Totalitarios

Por Gustavo Lazzari

 

Los nazis quisieron controlar el precio de la carne y no pudieron. El 26 de noviembre de 1936 establecieron un control de precios que fijaba los precios (entre ellos la carne) al 17 de octubre de dicho año. La coincidencia con la día peronista es solo casual. Tiempo después, el jerarca nazi responsable del planeamiento económico Herman Goering, siendo prisionero confesó que: “Si intentan controlar precios y jornales, es decir el trabajo del pueblo, deberán controlar la vida de las personas y ningún país puede intentarlo a medias. Yo lo hice y fracasé. Asimismo, una nación tampoco puede imponer un control absoluto. Y lo intenté y también fracasé”.1

Los soviéticos vieron fracasar el más cruel sistema de control de precios, vidas y personas. Para mitigar las nefastas consecuencias del control en términos de desabastecimiento y hambrunas, los soviéticos popularizaron una adivinanza: “¿Qué cosa mide cincuenta metros de largo y come papas? El pueblo ruso haciendo la cola para comprar carne”.

Cuando Fidel Castro llegó al poder había una vaca por cada cubano. En la isla se comía carne todas las semanas. Hoy hay 1/3 de vaca por cubano y solo se vende en las tiendas dolarizadas para turistas. Los cubanos solo acceden a la carne dos veces por año en las cartillas de racionamiento.

A pesar de estos antecedentes, el gobierno argentino pretende reeditar la ley de abastecimiento. Una ley utilizada sin éxito por el gobierno militar y por el hiperinflacionario período de Raúl Alfonsín.

La ley de abastecimiento en Argentina se fundamenta en lo más oscuro de las iniciativas soviéticas, nazis y castristas. Presupone el mismo nivel de autoritarismo y arbitrariedad. Es absolutamente incompatible con la democracia. De hecho, ningún gobierno que respeta los derechos humanos la ha utilizado.

El miércoles 27 de agosto el Senado aprobó el dictamen de comisiones. En pocos días será aprobado en el recinto por mayoría. Una extraña mayoría que no es igual a la suma de los votos individuales en privado. Pero la obediencia es más fuerte. El proyecto original fue “morigerado” con detalles intrascendentes.

El hecho de “aislar a las pymes” es una falsedad absoluta. La práctica comercial indica que no hay restricción a empresas grandes que tarde o temprano no termine restringiendo también a las pymes. Además, no hay empresa grande que no haya sido antes una pyme y no hay pyme que no pretenda ser una empresa grande. La división en el tratamiento “grande/pyme” es más un artilugio de funcionarios culposos que una realidad del mercado.

El proyecto de ley es un compendio de subjetividades imprecisas y sujeto a todo arbitrio de la “autoridad de aplicación”. Las explicaciones que en reuniones privadas sostienen los responsables de la “autoridad de aplicación” son aún más ridículas. “Quédense tranquilos que con ustedes no es la cosa”, argumentan. Como si la ley fuera un arma para que la autoridad dispare a quien se le antoje.

El proyecto de ley desconoce la justicia en todo su articulado. La autoridad de aplicación puede inspeccionar, confiscar mercadería y documentación, obligar a vender, imponer precios, obligar a continuar líneas indeseables, condenar y multar sin intervención de un juez. La apelación a la justicia es “último recurso” pero después de pagar y someter a consideración de la autoridad de aplicación que sería la secretaría de comercio.

La ley de parte de errores conceptuales básicos, impropios de quien tuviera acaso un mínimo respeto por la actividad fabril y comercial privada.

El proyecto de ley de abastecimiento parte, al igual que las dictaduras nazis, soviéticas y castristas, del supuesto que los precios son el resultado de la voluntad de unas partes y no de la interacción del mercado. Parte del supuesto que la información de mercado puede compilarse y por tanto las compras, ventas, órdenes de producción, stocks, movimientos de mercaderías, pueden planificarse centralmente.

Nada más falso. El mercado es un proceso de descubrimiento. La información está dispersa y los precios libres son precisamente las señales que transmiten la información. Nadie puede regular el mercado. Mal que les pese, el mercado se regula solo.

La inflación nada tiene que ver con el mercado privado. La inflación es producto de pésimas políticas monetarias que someten la creación de dinero a las necesidades del fisco.

Esta ley de aprobarse fracasará. Inexorablemente. Si se cumpliera provocará desinversión, desabastecimiento y un grado de corrupción impredecible.

Si no se cumpliera ni se llevara a cabo quedará como un articulado generador de burocracia, inútilmente amenazante. Un chamuyo más.

 

Referencia:

1. Schuettinger, Robert; Butler, Eamonn; Meiselman, David. Forty Centuries of Price Controls: How Not to Fight Inflation. The Heritage Foundation. 1979.

 

 

 

Pubicado originalmente en El Cato, el 4 de septiembre de 2014