Bolivia: Los conflictos ahogan al gobierno de Morales en Bolivia

El presidente Evo Morales enfrenta una nueva semana de protestas y conflictos, la séptima consecutiva, con un paro de 48 horas de chóferes desde ayer lunes y una huelga general de 72 horas desde el miércoles, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), entre otros conflictos.

Los médicos y los trabajadores de la salud pública están en huelga desde marzo contra el decreto 1126 de Morales que aumenta su jornada laboral de seis a ocho horas, con cierres de vías hacia Brasil y Argentina, choques con la policía y abusos de parte de la institución verde olivo, y la mantienen a pesar de que Morales anunció el día viernes pasado que suspendía la medida, hecho que fue visto como una doblegada al gobierno, que se encuentra asediado por conflictos internos que parecen no encontrar solución alguna.

Los trabajadores de la salud argumentan que la suspensión del decreto en cuestión no es válido y que solamente su abrogación lograría la suspensión de la huelga galena, que es apoyada por doctores, enfermeras, administradores y estudiantes de medicina de las universidades públicas, entre otros, quienes piden al gobierno una solución a los males crónicos del sistema boliviano de sanidad. Afirman que estos problemas no pueden solucionarse con una ampliación en la carga horaria de los trabajadores en salud, sino con mejor infraestructura, mayores ítems para el sector y con un incremento en el presupuesto asignado al sector de salud, que está cerca del 8 por ciento; mientras que para Defensa, por ejemplo, ronda el 26 por ciento.

Respecto a la ‘cumbre nacional de salud’, convocada por Morales, para «revolucionar» el sistema nacional de salud pública, desde el sector de los médicos anunciaron que en caso de realizarse el encuentro, en él deben participar todos los «actores de la salud» y no los movimientos afines al gobierno.

Es decir «que deben participar organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Unicef, el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, la población civil, obviamente los trabajadores en salud y los profesionales de ese sector».

Los trabajadores en salud rechazan la participación de organizaciones sociales, que no estén involucradas en el conflicto del sector, porque el Gobierno «ya ha tenido su Cumbre Social para profundizar su proceso de cambio, ahora queremos que participe la población civil, que venga netamente con planteamientos técnicos».

Entretanto, los indígenas de la Amazonía que se oponen a la construcción de una carretera que atraviese la reserva natural TIPNIS (Territorito Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), continúan su marcha desde el oriente boliviano hacia la ciudad de La Paz para pedir al presidente Morales que no insista en ese proyecto.

Sin embargo, temen encontrar una nueva confrontación en la población San Ignacio de Moxos, donde hay un ambiente de «racismo y odio» contra los nativos movilizados, motivado por gente que exige la construcción de la carretera y que es demás afín al partido de gobierno, MAS.

El líder Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), que lidera la IX marcha indígena, teme que al llegar a Moxos sean agredidos por la población, por los crecientes rumores de rechazo y amenazas que existen contra la caminata que pretende arribar a la ciudad de La Paz. Por ello, responsabilizó al presidente Evo Morales por la “segunda paliza que pueden recibir los indígenas”.

Recordemos que en septiembre de 2011, cerca de allí, una primera marcha en defensa del Tipnis y contra la carretera sufrió un bloqueo de partidarios de Morales y una brutal represión policial para frenar su avance hacia La Paz, pero llegaron finalmente de forma triunfal en octubre.

Presionado entonces por aquella movilización, Morales promulgó una ley para vetar cualquier vía en el Tipnis, pero luego cambió de discurso ante la presión de su base cocalera, promovió una contramarcha de sus partidarios, incluidos sus fieles productores de coca, materia prima de la cocaína, y convocó una consulta en la reserva sobre la carretera.

Por su parte, Adolfo Chávez informó que se prepara la lectura de un pronunciamiento para que sea leído ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se realizará en la ciudad de Cochabamba del 3 al 5 de junio. Además ha señalado que se prepara un informe sobre las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas para ser difundido en encuentros internacionales.

Otro conflicto que apenas comienza, es el del transporte público. El líder de la central de transportistas de La Paz, Gonzalo Millares, confirmó que el paro de 48 horas que comienza lunes será reforzado con manifestaciones y bloqueos de carreteras y avenidas en esta ciudad y la vecina de El Alto.
Los chóferes piden al alcalde de La Paz, Luis Revilla, ex aliado de Morales, que retire una ley que busca reordenar el caótico tráfico en la ciudad y pone en marcha un proyecto de transporte masivo que los sindicatos de conductores rechazan porque temen que les quite fuentes de empleo.

Así mismo, la COB, la mayor organización sindical del país, también ex aliada de Morales, ha convocado a una huelga general para los días miércoles, jueves y viernes para demandar al mandatario populista un incremento salarial superior al ocho por ciento que decretó para este año.

Esa central ha encabezado en las últimas semanas varias huelgas de 24 y 48 horas con seguimiento parcial, apoyadas por maestros, médicos, mineros y universitarios, pero no ha logrado parar la economía del país, ya que no se han sumado los transportistas, el comercio ni importantes sectores productivos.
Así mismo, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que agrupa a rectores, profesores y alumnos de universidades públicas, anunció que iniciarán un paro indefinido y movilizaciones callejeras este lunes en busca de más recursos y en apoyo a los médicos y a la COB.

Dentro de todo este panorama conflictivo, es menester recordar que el actual Gobierno boliviano, que preside el nacionalista y populista Evo Morales, antiguo líder de las revueltas que pusieron en jaque a pasados gobiernos, ha sido el más conflictivo en la historia del país, según un estudio divulgado por la Fundación Milenio, entidad privada que agrega que la conflictividad es «un lastre para el crecimiento» (Jornada, 03/02/12). Con 884 nuevos eventos conflictivos registrados en los medios de comunicación durante todo el año 2011, se alcanza un nuevo récord desde 1970. La segunda gestión de gobierno del Presidente Morales es, por mucho, la más conflictiva de la historia contemporánea de Bolivia: un promedio de 2,3 conflictos por día.

* Informe de Daniela Tapia I., cientista política y Asesora del Senado de Bolivia.