El plan impulsado por la cúpula sandinista para la construcción de un nuevo canal interoceánico se cierne sobre Costa Rica como una amenaza. Las acciones en persecución de este fin ponen en peligro los intereses costarricenses. El dragado del río San Juan y los arribistas deseos por la isla Calero se enmarcan dentro de esta osada estrategia. Conviene por ello analizar estos hechos y dilucidar sus posibles efectos.

La idea de crear un canal interoceánico por el río San Juan y el Lago de Nicaragua no es innovadora; ha llamado la atención de las potencias desde que era una ruta comercial en tiempos de la colonia. Tal iniciativa ha adquirido formalidad en el vecino país, por medio de la aprobación de un régimen jurídico en el 2012.

Irán, China y Rusia son algunos de los países que se han mostrado entusiasmados en participar en la construcción de una ruta alterna a la de Panamá. En Nicaragua, el año pasado se anunció la participación de capital chino en el financiamiento del nuevo estrecho, valorado inicialmente en $30.000 millones. Por otro lado, con la reciente visita del jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, a Daniel Ortega, ambos países han firmado acuerdos de cooperación militar, atando cabos estratégicos para un proyecto de relevancia geopolítica.

Pero las ambiciones internacionales sobre esta eventual ruta no se limitan a ellos; incluyen a tradicionales aliados del gobierno sandinista. Venezuela y el ALBA han demostrado ser incondicionales en esta aventura. En tal sentido, fue fundamental el respaldo de este grupo en la derrota diplomática que propinó Nicaragua a Costa Rica en la OEA, cuando lo acontecido en la isla Calero se vendió como un diferendo limítrofe y no como una clara invasión militar. La posición costarricense fue respaldada solo por Panamá, que mantiene el monopolio de la vía interoceánica.

Asimismo, la política exterior de Nicaragua ha encontrado en la Corte Internacional de Justicia un espacio idóneo para emprender sus ofensivas en búsqueda de ampliar fronteras marítimas y terrestres. El fallo en La Haya con el cual se adjudican 75.000 km² de mar en el Atlántico en su litigio contra Colombia es una prueba de ello, y le garantiza una amplia entrada por aguas nicaraguenses en el Caribe a su ambicioso plan.

La disputa por isla Calero se enrumba en esta línea y al igual que en su reyerta con Colombia, sus pretensiones van más allá de adueñarse de una porción de tierra. Existen intereses para la explotación pesquera y de hidrocarburos en las extensiones marítimas que ganaría.

Sin existir certeza sobre si esta obra es alcanzable, únicamente los intentos traerán nuevas repercusiones adversas a Costa Rica. Ha quedado claro que la posición e intereses costarricenses no serán tomados en cuenta. Es de esperar que nuevas tensiones e incidentes en la frontera se presenten. Aunado a las secuelas ambientales en ríos, humedales y fauna, que encima afectarán las actividades de subsistencia de nuestros connacionales en esa zona.

Ante este panorama, surgen dos interrogantes: ¿tendrá éxito Nicaragua en sus aspiraciones de contar con un canal interoceánico? Se ha cuestionado mucho la viabilidad técnica, pero como ya vimos, ha avanzado en la de tipo político y financiero. Y la segunda, ¿cuál es la estrategia de Costa Rica para velar por el interés nacional y contener los negativos efectos de las intenciones de Ortega? La respuesta a esta última se mantiene inmersa en una profunda incertidumbre.

 

..

 

Publicado originalmente en La Nación (Costa Rica), el 2 de mayo de 2013