Bolivia: La Teoría de Agencia y la Corrupción en la Administración Estatal

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La teoría de Agencia se refiere a la situación en  la cual  un conjunto de personas denominadas como «el principal» delega la administración o defensa de sus intereses  a una o  a un pequeño grupo de personas denominadas «el agente».

De  la  teoría  de  Agencia  deriva la existencia del  Riesgo Moral,  que se presenta cuando  el agente (administrador estatal o privado) al buscar su propio interés actúa en detrimento de los intereses del principal (la sociedad, los accionistas).

Ahora bien,  es  importante  mencionar que existen problemas  de  Agencia  tanto  en  la administración estatal como en la privada; sin embargo, el  problema es mucho más agudo en el  primer  caso. En  el sector  privado,  existen  muchas  empresas  (sobre  todo  las  de mayor tamaño) en donde el dueño o accionista (principal) no necesariamente es quien administra la empresa, sino que delega estas funciones a gerentes y/o ejecutivos (agente).  Algunos de estos ejecutivos  y  administradores  toman  decisiones maximizando  su  propio  beneficio  (grandes oficinas,  automóvil  de  lujo  y chofer  de  la  compañía, contrataciones  innecesarias,  etc.) atentando contra los  intereses de  la empresa. En estos casos, depende de  los mecanismos de control  de  los  dueños o accionistas  el  que  los  administradores (agente)  no  se  vean incentivados a tomar decisiones contrarias a los intereses de la empresa. En la medida en que el  agente  (administradores)  internalice  el  costo  de  sus  decisiones  (compensación variable, bonos de productividad ó despido por mal desempeño), el problema de agencia o riesgo moral disminuye. Este es el  camino que  la mayoría de  las empresas privadas  siguen y en donde el mejoramiento de los mecanismos de control es prioritario para sus dueños y accionistas.

Por otro lado, en la administración estatal, los mecanismos de control son más escasos que en el caso de una empresa privada, incluso en  las democracias más maduras y desarrolladas del mundo,  ya  que dependen  de  la  capacidad  de  los  ciudadanos  de  ejercer  control  sobre  las acciones de sus gobernantes.

Al  analizar  la  actual  situación  boliviana,  en  donde  no  se  respeta  la  división  de  poderes,  en donde la  injerencia y el atropellamiento al poder  judicial y  los cercos al parlamento  son una práctica  común  en el  ejecutivo  y  sus  partidarios,  y  en  donde  el  silenciamiento  y amedrentamiento a la prensa y a la oposición se genera cada vez que las políticas del gobierno  son  criticadas  u  observadas,  entonces nos  preguntamos: ¿Qué  capacidades  tenemos  los ciudadanos  bolivianos (principal)  de  controlar  y fiscalizar  los  actos  de  quien  nos gobierna (agentes)?  Con  este  escenario,  ¿debiera  sorprendernos los  claros  indicios  de corrupción  en  YPFB,  Administradora  Boliviana  de  Carreteras,  Aduanas  y otras reparticiones estatales?

El problema no es solamente  la falta de  libertades y derechos democráticos que nos permita ejercer  un control  moderado  sobre  las  acciones  de  nuestros  gobernantes(agentes),  sino también  la particular actitud del partido de gobierno que  intensifica aún más el problema de riesgo moral en la administración del estado boliviano.

Así como  los directores y accionistas de empresas privadas necesitan mecanismos de control tales como  la  compensación  variable,  bonos  de  productividad  y/o  auditorías  externas  para salvaguardar sus  intereses,  los ciudadanos necesitamos del ejercicio pleno de  la democracia (división  de  poderes, tribunal  constitucional,  procesos  electorales  transparentes, descentralización administrativa,  respeto a la  libertad de expresión, Contralor  independiente, etc.)  para  minimizar  el  riesgo  de  que  nuestros gobernantes,  motivados  por  incentivos perversos, atenten contra el patrimonio del Estado.