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La teorÃa de Agencia se refiere a la situación en la cual un conjunto de personas denominadas como «el principal» delega la administración o defensa de sus intereses a una o a un pequeño grupo de personas denominadas «el agente».
De la teorÃa de Agencia deriva la existencia del Riesgo Moral, que se presenta cuando el agente (administrador estatal o privado) al buscar su propio interés actúa en detrimento de los intereses del principal (la sociedad, los accionistas).
Ahora bien, es importante mencionar que existen problemas de Agencia tanto en la administración estatal como en la privada; sin embargo, el problema es mucho más agudo en el primer caso. En el sector privado, existen muchas empresas (sobre todo las de mayor tamaño) en donde el dueño o accionista (principal) no necesariamente es quien administra la empresa, sino que delega estas funciones a gerentes y/o ejecutivos (agente). Algunos de estos ejecutivos y administradores toman decisiones maximizando su propio beneficio (grandes oficinas, automóvil de lujo y chofer de la compañÃa, contrataciones innecesarias, etc.) atentando contra los intereses de la empresa. En estos casos, depende de los mecanismos de control de los dueños o accionistas el  que los administradores (agente) no se vean incentivados a tomar decisiones contrarias a los intereses de la empresa. En la medida en que el agente (administradores) internalice el costo de sus decisiones (compensación variable, bonos de productividad ó despido por mal desempeño), el problema de agencia o riesgo moral disminuye. Este es el camino que la mayorÃa de las empresas privadas siguen y en donde el mejoramiento de los mecanismos de control es prioritario para sus dueños y accionistas.
Por otro lado, en la administración estatal, los mecanismos de control son más escasos que en el caso de una empresa privada, incluso en las democracias más maduras y desarrolladas del mundo, ya que dependen de la capacidad de los ciudadanos de ejercer control sobre las acciones de sus gobernantes.
Al analizar la actual situación boliviana, en donde no se respeta la división de poderes, en donde la injerencia y el atropellamiento al poder judicial y los cercos al parlamento son una práctica común en el ejecutivo y sus partidarios, y en donde el silenciamiento y amedrentamiento a la prensa y a la oposición se genera cada vez que las polÃticas del gobierno son criticadas u observadas, entonces nos preguntamos: ¿Qué capacidades tenemos los ciudadanos bolivianos (principal) de controlar y fiscalizar los actos de quien nos gobierna (agentes)? Con este escenario, ¿debiera sorprendernos los claros indicios de corrupción en YPFB, Administradora Boliviana de Carreteras, Aduanas y otras reparticiones estatales?
El problema no es solamente la falta de libertades y derechos democráticos que nos permita ejercer un control moderado sobre las acciones de nuestros gobernantes(agentes), sino también la particular actitud del partido de gobierno que intensifica aún más el problema de riesgo moral en la administración del estado boliviano.
Asà como los directores y accionistas de empresas privadas necesitan mecanismos de control tales como la compensación variable, bonos de productividad y/o auditorÃas externas para salvaguardar sus intereses, los ciudadanos necesitamos del ejercicio pleno de la democracia (división de poderes, tribunal constitucional, procesos electorales transparentes, descentralización administrativa, respeto a la libertad de expresión, Contralor independiente, etc.) para minimizar el riesgo de  que nuestros gobernantes, motivados por incentivos perversos, atenten contra el patrimonio del Estado.