De forma creciente la ciudadanÃa ha comenzado a manifestar su rechazo respecto a los atentados al orden público que se han producido como consecuencia de las marchas y protestas del movimiento estudiantil. Si en un comienzo los desórdenes públicos parecÃan ser tolerados como una externalidad negativa de las manifestaciones, hoy la opinión pública está enviando una fuerte señal en el sentido contrario. Ello no sólo está afectando la legitimidad del movimiento estudiantil, sino que ha impulsado al Gobierno a presentar un proyecto de ley que busca enfrentar con mayor instrumental y sanciones esta cuestión1.
Buena parte de esta nueva mirada ciudadana ha ido de la mano con la socialización, a través de los medios de comunicación, de la total impunidad en la materia: mientras los detenidos se cuentan por miles, son sólo un puñado quienes actualmente enfrentan una posibilidad cierta de recibir una sanción. ¿Qué explica esto? En este documento se mostrará que buena parte de la ruta de la impunidad que enfrentan los violentistas que se amparan en las protestas estudiantiles es similar a la de los delincuentes en general. Esto obliga a revisar, en cada etapa, la responsabilidad de los actores involucrados en el sistema penal: policÃas, fiscales del Ministerio Público y jueces. Asimismo, obliga a reconocer que, siendo la Reforma Procesal Penal un gran avance, se requiere ingresar a un estadio de reformas de segunda generación.
Fuente: Libertad y Desarrollo. Tema Público nº1.37, 28 de octubre de 2011.