El informe elaborado por el jefe de la Misión de Observación Electoral en Nicaragua, Dante Caputo,  que entregó el 24 de enero menciona una gran cantidad de anomalías y arbitrariedades ocurridas durante las elecciones del 6 de noviembre pasado, donde resultó reelecto Daniel Ortega.

Donde además ya existía el antecedente de las Elecciones Municipales, la cual fue debidamente denunciada ante la CIDH y convenientemente ignorada por el oficialismo nicaragüense.

Durante las elecciones observadores internacionales y grupos de la sociedad civil nicaragüense informaron a los periodistas sobre los obstáculos que estaban impidiendo el desenvolvimiento normal de la observación electoral. Indicando además de anomalías como la falta de firmas de los miembros de juntas en las boletas, ausencia de códigos de seguridad y poca o nula secreto del voto.

De allí que, el director ejecutivo del capítulo local de Transparencia Internacional, Roberto Courtney, señaló que el proceso electoral no había sido «ni justo, ni honesto, ni creíble».

En ese sentido, el informe de la OEA se menciona una gran cantidad de “anomalías y arbitrariedades” ocurridas durante las votaciones, las que precisamente configuraron el fraude y de las cuales los mismos observadores de la OEA fueron testigos y víctimas personales y directas. La Misión de la OEA señala inclusive que hubo incumplimiento gubernamental del Acuerdo de Procedimiento para el “acompañamiento” electoral y reconoce que “los hechos derivados de ese incumplimiento han impedido cumplir plenamente los objetivos de la Misión” [1].

Sin embargo, como denuncia la Presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, “el informe de la OEA reconoce una vez más varias deficiencias en el proceso electoral nicaragüense, pero falla en mencionar la real causa y raíz del problema, que Ortega violó la constitución nicaragüense que prohíbe su reelección”.

Es así que, el informe de la Misión de la OEA reconoce como válida la reelección de  Ortega, porque así lo informó el Consejo Supremo Electoral y porque “no se han conocido pronunciamientos en su contra por parte de ningún Estado y, en consecuencia, por ningún miembro de esta organización”.

En definitiva, la gran cantidad de anomalías que -según éste mismo informe y las críticas emitidas por otras organizaciones de la sociedad civil- ocurrieron en las elecciones del 6 de noviembre, creemos son prueba suficiente del fraude electoral que ocurrió en Nicaragua. Con ello, uno espera una posición más clara y firme en defensa de la democracia de parte de este organismo internacional.