Latinoamérica Libre

3 de noviembre de 2010

 

Decreto de expropiación de 36 empresas en 24 días fue la última decisión de Hugo Chávez anunciada el pasado domingo 31 de octubre. Si bien, fue una medida presidencial generada por un cumulo de quejas que interpusieron en sus inicios vecinos del conjunto residencial El Encantado y compradores por el aumento de la tasa de interés y entregas tardías de los departamentos, nunca se imaginaron tal solución. Chávez tras haberlas declarado como estafas inmobiliarias, ordenó intervenir una serie de  desarrollos urbanísticos y establecer  medidas de protección para 19 conjuntos residenciales de clase media a lo largo del país.

 

Medida que también fue justificada por la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmando que sería una forma de frenar la «estafa inmobiliaria». A su vez, para Aura Rosa Hernández, presidenta delInstituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), la expropiación no es una medida ilegal, ya que sólo cumplen con lo establecido por la Constitución en lo que se refiere al derecho de propiedad, argumentando que «el Estado no está tomando apartamentos de manera arbitraria, más bien está beneficiando a las familias de clase media que han sido burladas en sus expectativas de vivienda».

 

Sin embargo, no hay que dejarse engañar. Con esto se vendría a radicalizar el proceso de confiscación de bienes que ha caracterizado el gobierno chavista, poniendo aún más en riesgo la propiedad privada en Venezuela.

 

En el ámbito político, se ve un impacto directo sobre la gobernabilidad, con el aumento de la polarización de la sociedad, lo que impacta sobre la calidad democrática.  Pero también este tipo de medida afecta a nivel económico, aumenta el «riesgo país», y se aleja la inversión extranjera y no combate la inflación (está en torno al 30% y es la más alta de Latinoamérica).

 

Lo anterior, queda reflejado en el Índice de Libertad Económica (The Heritage Fundation, 2010), donde Venezuela se ubica en el lugar 174 de los 179 países, ocupando un bajísimo lugar al considerar los recursos y potencialidades que este país posee.

 

Pero además, ésta medida conlleva a un estancamiento e incluso disminución en la oferta laboral. Por ejemplo, la empresa Siderúrgica del Turbio (SIDETUR) con más de 60 años en Venezuela, que entrega empleos a más de 1.500 personas, éstas se verán en riesgo. Por lo mismo, se han anunciado movilizaciones para el 13 de noviembre con el fin de expresar su rechazo a la medida.

 

Pablo Castro, asesor de la Comisión contra las Expropiaciones de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y coordinador laboral del partido Un Nuevo Tiempo, anunció que «desde ya hay una reunión con los sindicatos que agrupan a los trabajadores de las empresas que han sido estatizadas o que están amenazadas de nacionalización como Polar, Agroisleña, Cargill, Owens Illinois, entre otras. Estas empresas han señalado que es un «Proyecto de Destrucción Nacional en lugar de construcción».

 

Para muchos analistas, la última jugada de Chávez responde a una estrategia para seducir a la clase media y obtener su apoyo en las próximas elecciones presidenciales del 2012.

 

Esta ola de atropellos a la propiedad privada se suma a las violaciones de los derechos políticos, la corrupción y el continuo aumento de la inseguridad que mantienen a la ciudadanía atemorizada. Por lo que, esto viene a reflejar un escenario cada vez más negativo para la democracia en la región.