Uruguay: El Sindicalismo Uruguayo Nuevamente se Manifiesta

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El sindicalismo uruguayo representado en el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) – Convención Nacional de Trabajadores (CNT), convocó a un paro parcial general el pasado martes 16 de agosto frente al Palacio Legislativo. Ésta, que se ha denominado como la primera gran movilización del año, surge de la iniciativa del sindicalismo de defender los derechos de los trabajadores y exigir la reivindicación del Estado en materias de producción nacional.

Mediante la paralización de actividades entre las 9 y las 13 horas de ese día, se reunieron cerca de 15 mil personas para protestar en base a la que han llamado la plataforma reivindicativa que comprende varios puntos relativos a la negociación colectiva, la rendición de cuentas y el rol del Estado en el sector público. Se conformó una agenda de cerca de 20 puntos que incluyen diversos temas de corte social e institucional, dentro de los cuales figura el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, iniciativa que fue votada en la Cámara de Diputados el martes 16 de agosto, día en que se eligió realizar esta primera movilización.

Además de la defensa de estas leyes, la plataforma reivindicatoria y el motivo del movimiento involucran diversos temas muchos de los cuales están fuera de su competencia y con un claro tinte ideológico. Dentro de los cuales está la exigencia de un Estado que sea impulsor del desarrollo económico y la demanda de puestos de trabajo de calidad.

De ahí que el PIT-CNT había presentado una demanda ante la OIT -que está actualmente monitoreando en el país­-, con respecto a la Ley de Negociación Colectiva para el sector público, creada por el oficialista Frente Amplio, alegando porque no se ha realizado la efectiva aplicación y vigencia de ella. Asimismo demandaron una mejor distribución de la riqueza en el país argumentando que los privilegios, expresados principalmente en ventajas fiscales, son percibidos por los grupos de mayor poder adquisitivo.

A esto sumaron reclamos por la ola de violencia y delincuencia que azota al país. Dentro de esto se critica la campaña de oposición de bajar los años de imputabilidad penal de 18 a 16, manifestando que se busca “criminalizar a los jóvenes” y argumentando que esta medida no solucionaría el problema de seguridad.

Vuelven a poner en la palestra el rechazo a la Ley de Caducidad, a pesar de haber sido votada a través de un plebiscito. Exigen la rendición de cuentas justas con la posibilidad de intervenir (el movimiento sindical organizado) en las discusiones relativas al tema, un mejor sistema de salud, aumento del salario mínimo, la defensa de la educación pública, la aceleración de otras leyes, entre otras.

Se observa un descontento generalizado que ha desembocado en una lista que abarca un número importante de exigencias en diversas materias, algunas incluso fuera de las competencias del sindicalismo, revelando desconfianza en las instituciones. Será un desafío para el gobierno poder controlar este movimiento emergente de forma efectiva. La poca definición del mismo y su posible politización, pueden traer consigo la intransigencia propia de exigir todo y no conformarse con nada, así como el ejercicio de poner presión sobre un Estado llevándolo a establecer medidas ad-hoc, altamente dañinas para una sociedad.