Editorial La Nación

El operativo policial ordenado ayer por la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires para evitar la instalación de decenas de puestos de venta ambulante no autorizada en la zona de Once ha dejado al descubierto, una vez más, la aceitada operatoria de distintas mafias cuya finalidad es hacer negocios invadiendo el espacio público para comerciar en su propio beneficio a partir de la necesidad extrema de personas a las que explotan, de la evasión de impuestos y del lavado de dinero.

La frase lanzada en medio del caos del desalojo por una puestera describe también lo extendido de ese poder mafioso. «Nosotros no nos vamos a ir. Todos pagamos coimas todos los días para trabajar acá», dijo la mujer. Coimas, peajes, porcentajes de las ventas son algunas de las modalidades de esa extendida y lucrativa actividad ilegal, que históricamente reconoce vinculación con grupos delictivos, pero también con personal de las fuerzas de seguridad y representantes de la política que, por años, han hecho la vista gorda o no han sabido hallar una solución definitiva al problema.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la venta ilegal en la ciudad de Buenos Aires movilizó 2152 millones de pesos tan sólo el mes último. y 14.825 millones en todo 2016. Un cuarto de esas ventas se concentran en la zona de Once.

Hace pocos días, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó en declaraciones periodísticas que su gobierno abriría un diálogo con las personas que se dedican a la venta ilegal en el barrio de Balvanera, pero sólo con aquellas con verdaderas necesidades, a las que se les propondría una reubicación y el correspondiente permiso para trabajar en la vía pública. El funcionario puso como ejemplo los desalojos de la peatonal Florida, hace ya algunos años, el más reciente de la avenida Avellaneda, en Flores, y los de los alrededores de la terminal de ómnibus de Retiro, donde actualmente funciona un paseo de compras. «Gente con necesidades, sí; mafias, no», había dicho el funcionario cuando paralelamente se lo cuestionaba por los recurrentes piquetes que se registran en la ciudad y la demora en actuar por parte de la nueva policía distrital.

Podría decirse que ayer, esa policía tuvo su debut. Agentes de la ex Metropolitana, de la Federal y de la Guardia de Infantería actuaron en conjunto para evitar que se montaran los puestos ilegales en las zonas aledañas al cruce de las avenidas Pueyrredón y Rivadavia. Sin embargo, un grupo de puesteros se mantuvo en el lugar cortando las calles, quemando bienes públicos, como contenedores de basura, y tirándoles piedras y baldosas a los uniformados. Hubo golpes, corridas, gritos y personas heridas entre los dos sectores enfrentados.

La batahola de ayer recuerda los operativos realizados en 2014 con el mismo fin. Lamentablemente, al otro día varios de los puesteros ilegales expulsados ocupaban nuevamente las aceras y recrudecían las protestas callejeras. Está claro que el combate a esas mafias no es sencillo. Hay demasiados intereses espurios en juego. La venta callejera no autorizada deja verdaderas fortunas a sus organizadores. A lo que hay que sumar delitos gravísimos derivados de esta nefasta práctica, como la cooptación de personas indocumentadas o con identidades apócrifas, sujetas a un trabajo esclavo que, en algunos casos, cuenta incluso con la complicidad de comerciantes establecidos que, a cambio de un canon, prestan sus locales como depósitos para la mercadería ilegal.

Han pasado tres años de aquel enero y la situación no ha variado en Once. Según el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco, eso cambiará de aquí en más. «Los manteros -dijo el funcionario judicial- nunca tuvieron autorización para vender sus productos allí y las veredas están hechas para circular, no para comerciar. La única manera de estar allí era coimeando a la policía y hoy tenemos una nueva policía.»

Es de esperar que ese cambio, que es cultural y abarcativo, se produzca de una vez por todas. Es hora de que las necesidades se satisfagan con trabajo genuino y que comprendamos los potenciales clientes que comprar evadiendo la ley no sólo destruye el comercio legal, sino que mantiene y refuerza el poder de las mafias.

 

..

Publicado originalmente en La Nación (Argentina), el 11 de enero de 2017.