Paraguay: El caso de Paraguay genera grietas en UNASUR

De Emilio J. Cárdenas

El juicio político al ex presidente del Paraguay, Fernando Lugo, ocurrido en junio pasado, generó una dura e inmediata reacción de los gobiernos enrolados en la izquierda radical de la región, que lamentablemente fueron acompañados en esto, con emociones exageradas, por la Argentina y Brasil.

Todos ellos salieron -abroquelados- en defensa de Lugo. No obstante, siguiendo el procedimiento constitucional requerido, el Congreso de Paraguay destituyó al ex obispo, quien aceptó expresamente la decisión. La destitución sucedió pese a la presencia -vociferante e intimidatoria, en la propia Asunción- de varios cancilleres de la región y a los riesgos que ello preanunciaba. Con el entonces canciller venezolano, hoy heredero de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, incitando directamente a los comandantes de las fuerzas armadas locales a intervenir en política, en respaldo de Lugo. Más injerencia, imposible. Pero Maduro fracasó. Completamente.

Cumpliendo con sus amenazas, ese mismo grupo de países promovió -y obtuvo- la suspensión de Paraguay del Mercosur y de Unasur. Ello fue decidido con velocidad inusual -y sin conferir a Paraguay el derecho de defensa previsto en la Convención de Viena- el 29 de junio de 2012.

En el caso de Mercosur, la motivación real (aunque opaca) era absolutamente obvia: obtener el ingreso de Venezuela al bloque, que estaba hasta entonces frenada por el parlamento guaraní, conforme a derecho. La incorporación de Venezuela se hizo a tambor batiente, el mismo 29 de junio de 2012, violando abiertamente el propio Tratado del Mercosur que dispone que todo ingreso de nuevos miembros debe ser aprobado por todos los socios del ente. Para ello se invocó el Protocolo de Ushuaia, sosteniendo que se había quebrado el “orden democrático” paraguayo. Insólitamente, los gobiernos bolivarianos -que han demolido sus respectivos órdenes democráticos internos hasta hacerlos irreconocibles, sin que nadie en la región haya reaccionado- lograron así su particular cometido.

Algo similar se hizo en el seno de Unasur, mediante la decisión 26, de la misma fecha. Ella definió a la destitución de Lugo como una “ruptura del orden democrático”, razón por la cual se suspendió a Paraguay también de esa organización que hasta ahora ha respondido y servido -casi automáticamente- a los designios de los gobiernos bolivarianos de nuestra sub-región. Cual apéndice.

Unasur, con pretensión intervencionista, decidió asimismo seguir y evaluar, a partir de entonces, la situación interna paraguaya. Con ambición de tener hegemonía en “la voz cantante” al tiempo de definir si se ha logrado -o no- la “normalización” del orden democrático paraguayo. En sus esfuerzos por tener un rol relevante que -por total falta de imparcialidad- no merece, Unasur procura ahora ser invitada a actuar como “observadora” en las elecciones presidenciales paraguayas del próximo 21 de abril. Sería un grosero error. Unasur no debiera lograrlo, porque no es independiente, según lo prueba, entre otras cosas, el mañoso -y mendaz- informe de esa organización sobre la crisis de Pando, en Bolivia. Cualquier informe de Unasur sobre las elecciones paraguayas que se acercan será seguramente sesgado, cabe presumir. Particularmente cuando se observa de cerca quienes son quienes redactan, una y otra vez, los informes de la organización y cuáles han sido hasta hora sus contenidos.

LA OPCIÓN DEL DIÁLOGO

Muy distinta ha sido ciertamente la visión -y actuación- de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego de una evaluación seria, que incluyó una visita de una misión especial al Paraguay encabezada por su Secretario General y compuesta por embajadores de los principales países, la OEA concluyó que el funcionamiento de las instituciones políticas paraguayas era “bastante normal”.

Enseguida, tras cuatro reuniones abiertas y dos a puertas cerradas, la OEA -pese a la insistente presión de algunos de sus más recalcitrantes miembros- no definió a lo sucedido en Paraguay como una “ruptura del orden democrático” Ni como un “golpe de estado”.

Muy por el contrario, decidió -el 22 de agosto pasado- “acompañar el proceso político” paraguayo. Ayudar a Paraguay, entonces. Todo lo contrario a aislarlo. Lo que cabe aplaudir. Lo hizo por una mayoría abrumadora: 26 votos a favor de esa decisión y tan sólo 7 en contra. Con anterioridad, sólo la Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Nicaragua habían votado en contra del envío de la misión. Porque, increíblemente, lejos de apostar al diálogo y a la cooperación, postulaban interrumpir todo trato con el Paraguay. Castigarlo, entonces. Humillarlo. Demonizarlo.

Por todo esto, la misión de observación de la OEA a los comicios del próximo mes de abril está, creemos, asegurada. A diferencia de lo que puede suceder con las presiones fruto de un acoso excluyente, con un tono de vasallaje, que se realizan desde el Mercosur y Unasur.

Una cosa es tender puentes. Otra, distinta, es construir muros -a la manera tradicional del comunismo- para así aislar, separar, castigar y dividir. En los dos organismos sub-regionales, sólo Colombia se había animado a sostener que en Paraguay “técnicamente no se configuró un golpe de estado”, y señalar que ni existe “persecución” contra el ex presidente Lugo. Los hechos posteriores así lo han confirmado. Rotundamente.

Lugo, que -en rigor- carece de apoyo popular significativo, goza en cambio de entera libertad para actuar en política con su “Frente Guasu”, que presentará candidatos a la presidencia para las elecciones del 21 de abril próximo. El Partido Comunista del Paraguay impulsa, por lo demás, la candidatura presidencial de Fernando Lugo.

EL REGRESO LENTO DE LA NORMALIDAD

Tras la destitución de Lugo, algunos embajadores fueron retirados rápidamente de Paraguay. En una señal más de querer aislarla y separarla de su propia región. Colombia, Brasil, Chile y Uruguay llamaron a sus embajadores “a consulta”. Conocidos como más drásticos, intemperantes y radicales: la Argentina, Cuba, Ecuador y Venezuela en cambio “retiraron” a sus embajadores. Destempladamente.

No obstante, las cosas han comenzado a cambiar. Porque las circunstancias -que ciertamente no fueron apocalípticas, sino normales- así lo aconsejan.

Colombia ha dispuesto el regreso de su embajador a Asunción. Se trata de Jorge Barrantes. Así lo acaba de confirmar el talentoso y experimentado canciller del país hermano: José Félix Fernández Estigarribia. Muy pronto lo hará también el embajador de Chile, Cristian Maquieira, un hombre con experiencia multilateral y visión amplia. Presumiblemente poco después regresará el embajador de Perú, Jorge Lázaro Geldres.

Obviamente no todos en Unasur piensan que todo se conduce con amenazas, castigos e intimidaciones. No es así. El camino a seguir es el de la OEA. Lo de Mercosur y Unasur es consecuencia de una ideología radical que disfrazó más o menos hábilmente lo sucedido con el objeto de permitir a Venezuela ingresar al Mercosur. Ilegalmente, por cierto. Esa decisión es nula y sólo puede ser confirmada por Paraguay.

Por ello de pronto se tuvo que justificar la ilegalidad del proceder con la poco feliz frase de José Mujica: “lo político tiene prioridad sobre lo jurídico”, que es toda una definición sintética del autoritarismo, desde que postula que el Estado está por encima de la ley. En las democracias, ello no es así.

Unasur está dividida. En esto al menos, no tiene ahora un “pensamiento único”. Las sugerencias que llegan desde Caracas carecen hoy de la resonancia anterior y los miembros de Unasur finalmente parecen animarse a ser ellos mismos. Lo que es diferente a proceder como muñecos de ventrílocuo.

(+) Miembro del Consejo Académico, Libertad y Progreso

Publicado originalmente en La Nación, 16 de noviembre de 2012.