A pesar que Venezuela no sufre un conflicto armado interno, como su vecina Colombia, ni las luchas contra los carteles, como en México,  este país se ha convertido en uno de los más peligrosos de la región. El año pasado fue el más sangriento en la historia reciente de Venezuela, con la mayor tasa de homicidios y secuestros, a la vez que la violencia en las cárceles se cobró un número récord de muertos y heridos.

El primer estudio anual presentado por la ONG Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Caracas, basado en cifras oficiales y extraoficiales, señala que de los 19.000 homicidios registrados en 2011 en Venezuela -lo que sitúa la tasa en 67 casos por cada 100.000 habitantes-, 3.488 tuvieron lugar en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), donde el índice es muy superior, de 108 por cada 100.000, según las cifras del Observatorio, que reúne a las autoridades metropolitanas y a asociaciones civiles.

Además esto afectan principalmente (93%) a hombres entre 15 y 24 años, los que en su mayoría murieron por consecuencia de los disparos de un arma de fuego, con el robo como principal móvil (23%), seguido del ajuste de cuentas (9,3%).

Sin embargo, el gobierno venezolano no ha ofrecido cifras de homicidios en 2011 aunque ha admitido que a nivel nacional no se logró reducir el número de 14.000, registrado en 2010.

Estas malas cifras también han dejado al descubierto una profunda crisis carcelaria. El año pasado 560 reos murieron asesinados y 1.457 resultaron heridos, «las cifras más altas en toda la historia de Venezuela», indicó Carlos Nieto, director de la ONG Una ventana a la libertad, que promueve la mejora de la situación carcelaria.

El hacinamiento -que se sitúa en 350%, con una población carcelaria de 47.500 reclusos pero sólo 14.500 plazas-, el ingreso continúo de armas y la ausencia de actividades ocupacionales representan el caldo de cultivo para la violencia en las cárceles e impiden la rehabilitación de los reos.

Cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1999, prometió enfrentar estos problemas. Pero doce años después, la situación ha empeorado visiblemente. Como señala el Informe de Crisis Group (2011), “La  revolución bolivariana ha sido incapaz de revertir el aumento de la violencia. El discurso oficial responde a las críticas indicando que el crimen es producto de causas estructurales, como la innegable pobreza o que se trata de «percepciones sociales de inseguridad’’. Así, el Gobierno minimiza la magnitud y el potencial destructivo de la violencia delictiva. Peor aún, algunas de sus actitudes incentivan un ambiente violento.

Ese es el caso cuando el Gobierno se muestra ambiguo frente a varios grupos armados. O cuando es incapaz o no quiere hacer frente a la corrupción y a la complicidad delictiva en sectores de las fuerzas de seguridad. Además, su  política de armar a los civiles «en defensa de la revolución’’ y la propia retórica incendiaria del presidente han contribuido a menoscabar la capacidad de las instituciones públicas de responder a las amenazas”[1].

Lo cierto es que la situación de inseguridad que se vive es grave, y es imperante que las autoridades  desactiven las estructuras criminales y restauren el Estado de Derecho, para no solo evitar que The New York Times siga afirmando que Venezuela es tres veces más peligroso que Irak, sino que  para que la población vuelva a vivir en paz.