Perú: Crisis de corrupción en el oficialismo Peruano

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En medio de conflictos sociales y faltando seis meses para las elecciones regionales salió a la luz una grave denuncia de corrupción que salpicó a políticos claves del Gobierno peruano y amenaza con generar crisis.

Las denuncias por desaparición de pruebas de un gran caso de corrupción en manos de jueces y fiscales, implicarían al ex Primer Ministro peruano Jorge Del Castillo y el Secretario personal del Presidente Alán García.

El caso estalló en el 2008 tras revelarse presuntos sobornos de una empresa noruega para la concesión de lotes petroleros en el país. Este escándalo tuvo como consecuencia la renuncia del entonces Primer Ministro peruano Del Castillo y de todo el Gabinete de García. Sin embargo, el proceso judicial largo y complejo, no ofrece aún respuestas concretas.

La novedad del caso es que los archivos que desaparecieron del Poder Judicial contienen conversaciones telefónicas y correos electrónicos que involucrarían a políticos no sólo en el cuestionado negocio petrolero, sino también en la construcción de hospitales y la actuación de un Banco mexicano en Perú.

El APRA, el partido del Presidente, ha sido el más golpeado por estos casos de corrupción. Del Castillo, actual Secretario Nacional Político y precandidato del partido oficialista para las elecciones presidenciales del 2011, al ser investigado por presunto tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito queda fuera de competencia. A pesar que ha negado su participación en los hechos, y  lo mismo ha hecho el Secretario del despacho presidencial, Luis Nava, lo cierto es que esta investigación podría cambiar el escenario político peruano.

Por su parte, el Presidente García sin referirse a los involucrados, ha pedido celeridad para que se sancione a los responsables de la intercepción telefónica, a quienes pagaron éstas y a quienes «vendieron influencias o tentativas».

Son aún desconocidos los ribetes que pueden acarrear estos casos de corrupción  y espionaje, especialmente en el partido oficialista. Además de la pérdida de información clave en el caso, lo más preocupante es la tardanza de la justicia para encontrar a los responsables y castigar a los culpables. Todo lo cual aumenta la desconfianza en las instituciones y no ayuda a la consolidación democrática de un país que está a un año de elecciones presidenciales y legislativas.