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El Presidente nicaragüense Daniel Ortega, consiguió esta semana consolidar sus pretensiones reeleccionistas. La Corte Suprema de Justicia acepta el recurso de amparo presentado por éste el 15 de octubre y resuelve declarar inaplicable el artículo 147 de la Constitución, el cual impide la reelección para el período siguiente, modificándola de facto.

El rechazo de la Corte se hizo sentir de inmediato en los distintos sectores generando un nuevo conflicto en la región, el que amenaza con salir a las calles.

Empresarios, organizaciones civiles y los partidos de oposición han mostrado su disconformidad llamando a una «amplia resistencia» contra esta medida judicial. Por su parte, elMovimiento  por Nicaragua (MPN), la Coordinadora Civil (CC) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAJ) convocaron a «una gran movilización nacional». La Cámara de Comercio de Nicaragua (AMCHAM) junto con la oposición política también anunciaron acciones en contra de la medida.

Para la AMCHAM, que reúne empresarios nicaragüenses y norteamericanos, esta medida pone en riesgo la inversión y el desarrollo económico, afirmando que el fallo responde a «ambiciosos intereses personalísimos», con los que no hacen más que ahuyentar «las posibilidades de desarrollo y progreso».

De esta manera, crecen las tensiones en el país y amenazan con desestabilizar al gobierno. No hay que olvidar que el nivel de aprobación del Presidente Ortega es muy bajo, sólo un 20,2% le entrega su apoyo, de acuerdo a un estudio publicado este mes por la empresa M&R Consultores.

La reelección presidencial es un tema que está en la agenda del gobierno desde que asumió el poder el 10 de enero de 2007, desde el primer día que Ortega está anunciando cambios constitucionales, sólo que no los precisaba.

Modificar la Constitución con fines electorales se está transformando en una práctica cada vez más común en América Latina. El 2003 Costa Rica revocó la norma que prohibía la reelección y en Venezuela Chávez ya lleva 10 años en el poder. Una suerte distinta corrió Manuel Zelaya en Honduras, donde también buscó cambios constitucionales pero, los demás poderes del Estado no se lo permitieron.

Las modificaciones constitucionales debilitan a las instituciones generando inestabilidad política y tensiones sociales deteriorando a las democracias.  Esperamos que Nicaragua no se transforme en un ejemplo de esto.