Latinoamérica: Clamor de Leopoldo López

Editorial de El Mercurio

 

En todos los frentes están dando la lucha los opositores venezolanos contra el autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro, excepto en la OEA. El «principal foro político del continente» no tiene las herramientas para acoger los reclamos de quienes quieren que se restablezca el Estado de Derecho en Venezuela, y su secretario general apenas emite declaraciones generales sobre la defensa de los valores fundamentales en una democracia.

En una valiente entrevista publicada el pasado domingo, el encarcelado líder de la oposición Leopoldo López acusa la politización de la justicia de su país y hace un angustioso llamado: «Al pueblo venezolano que quiere un cambio, le pido desde lo más profundo de mi corazón que no perdamos la esperanza de tener una mejor Venezuela. La dictadura busca apagar nuestra esperanza. No lo permitamos. Desde mi celda en Ramo Verde, todos los días me lleno de fuerza y de fe para luchar contra la dictadura y conquistar la democracia».

Elementos básicos de la Carta Democrática firmada por todos los miembros de OEA son atropellados en Venezuela, y ante eso, la organización aparece impotente. Por ejemplo, su artículo 2° advierte que la «democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía», lo que el gobierno de Venezuela viola sistemáticamente al impedir a los opositores actuar en el marco legal. Es el caso de la marginación de Corina Machado de la Asamblea Nacional, mediante un ardid que la despojó de su escaño.

El artículo 3° de la Carta define como «elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales (…), el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos». En el caso de López, es evidente la violación de sus derechos y la subordinación de la justicia al Poder Ejecutivo. Su artículo 4° consagra la libertad de expresión y de prensa como componente fundamental de la democracia. Su artículo 5° aboga por «el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas». Y su artículo 6° establece como «condición necesaria» la participación de la «ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo».

Este somero recuento de los requisitos que OEA define para la existencia de democracia evidencia que Venezuela no los cumple. Sí realiza elecciones periódicas, pero ante un poder casi total del régimen en el control de los organismos del Estado y de los recursos, es imposible que la oposición participe en ellas en igualdad de condiciones.

En el caso de López, tampoco puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -un organismo autónomo de los estados, que actúa con independencia-, hasta que su proceso judicial culmine en Caracas. Y el gobierno se encargará de que ese juicio sea lo más largo posible.

Ante tales abusos, la OEA solo puede actuar si el gobierno respectivo la llama a intervenir. Es decir, una acción contra un gobierno autoritario solo cabe si este lo pide. Como es obvio, nunca lo hará, e impedirá cualquier propuesta que no le guste. La OEA carece de los mecanismos para actuar -como sí los tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (que presenta otros inconvenientes, como el veto de las potencias)- en contra de un gobierno que viola los derechos de sus ciudadanos.

 

 

 

Publicado originalmente en Editorial de El Mercurio (Chile), el 12 de junio de 2014