Sebastián Umpierrez

 

Históricamente hasta la década de los ochenta, Ecuador era un referente de tranquilidad entre dos vecinos agitados por la violencia y la criminalidad -Colombia y Perú-. En 1983 con el surgimiento del movimiento insurgente de extrema izquierda, de ideología marxista-leninista, denominado Alfaro Vive Carajo (AVC), esa percepción se esfumó. A menudo, el AVC practicaba extorsiones políticas, secuestros a la élite económica con la intención de lograr así su financiamiento, también asesinatos a civiles, entre otros crímenes, los que incrementaron el temor en la sociedad civil.

Estos antecedentes sirvieron de justificación para que durante el Gobierno de León Febres-Cordero se inicie un conjunto de acciones políticas contra el terrorismo, que tenía como objetivo central la persecución de los militantes del AVC. Entrando a los noventa, este grupo disidente pareció haberse erradicado, sin embargo, la tranquilidad obtenida duró poco y vinieron las constantes interrupciones a la democracia y los escándalos de corrupción del ex Presidente destituido Ábdala Bucaram, que volcó a los actores políticos a preocuparse por la situación política del país, en vez de tratar de resolver los temas puntuales, como la salud, la educación o la seguridad ciudadana.

Poco más tarde en 1999-2000, las condiciones de vida disminuyeron diametralmente y la pobreza tomó protagonismo en la mente de los ciudadanos. De acuerdo a un informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2001, la pobreza en el país era de 38,28% y la pobreza extrema alcanzaba a un 12,86% -más de un 10% de los 13.710.234 habitantes (est. 2003) vivían con un dólar diario-.

Hoy en día, todavía se siguen presentando secuelas de la crisis económica vivida por el país hace 10 años, la cual dejó a gran parte de la población en condiciones de vida deplorables. Esto, ciertamente agravó la situación de la seguridad, siendo la salida más fácil de superación económica en muchos casos la práctica de la delincuencia.

Con un marco de instituciones corruptas, políticas ineficientes y una gestión pública ambigua en muchas partes del país, la mejoría de la calidad de vida está supeditada a los juegos políticos. Es así como la preocupación de la seguridad ciudadana siempre ha sido un tema secundario. En la actualidad, un ejemplo de esto es la pugna política entre el Alcalde Jaime Nebot y el Presidente Rafael Correa por las competencias y el manejo político de Guayaquil, pues ni la M.I. Municipalidad de la ciudad, ni el Estado central aseguran políticas públicas coordinadas y cohesionadas para la tarea de la inseguridad, creando instituciones paralelas como la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) por parte del Municipio y el Observatorio de la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (OSCG) por parte del oficialismo.

Lo anterior también hace que se capitalice la seguridad privada, a la que al menos un 40% no puede acceder en las áreas urbanas y un 60%, en las áreas rurales, de acuerdo a cálculos aproximados. Este tipo de seguridad pone barreras cada vez más grandes en las ciudades como medida de prevención, acrecentando las diferencias sociales. Adicionalmente hay que destacar la participación de la administración central, la que en vez de crear políticas que logren destruir esa brecha existente, con su gestión intenta polarizarla más con tal de ganar aprobación electoral.

Así mismo, las condiciones actuales de Ecuador han favorecido a otros factores de violencia y criminalidad, la creación de nuevas actividades delictivas como el secuestro express, así como también la expansión de nuevos actores en el sistema -las pandillas-, que ubican a Ecuador en uno de los países más peligrosos en la región latinoamericana.

El secuestro express se populariza cada vez más en el país y el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos se incrementa paulatinamente gracias al crecimiento de pandilleros. Esta práctica ha inundado las conversaciones cotidianas de la gente, el mundo académico y político, hasta cumple un rol lucrativo para la creación de nuevas empresas de seguridad privada como los taxi amigos o radio taxis. Mientras que, la expansión de las pandillas consigue sólo acrecentar las tasas de delitos de mayor connotación social (robos, hurtos, violaciones, asesinatos/homicidios), y adicionalmente, hace que el tráfico de drogas esté presente en el país, ya que muchos militantes están involucrados en este negocio ilícito, trabajando presuntamente en colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sólo para ejemplificar la complejidad del problema, entre Guayaquil y Quito (5.000.000 de habitantes aproximadamente), existen más de 1.200 pandillas diferentes con un promedio de 20 a 1.500 militantes cada una, según la Fundación Ser Paz en Guayaquil y la Policía especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) en Quito, respectivamente.

A su vez, otro factor alarmante en el panorama general de la seguridad ciudadana, que influyó en el cambio de la percepción de tranquilidad relativa anteriormente mencionada, y que está relacionado con la vinculación existente del sistema con las FARC, es el crecimiento de la tasa de asesinatos/homicidios. Según el informe de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana realizado por la sede de Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), esta tasa se ha triplicado al pasar de 6,5% por cada 100 mil habitantes en 1985, a 19% en 2004. Y curiosamente, las zonas ubicadas a lo largo del cordón fronterizo con Colombia son los lugares donde la incidencia de homicidios es más alta en el país, superando al 50% por cada 100 mil habitantes en las áreas de Nueva Loja, San Lorenzo y Coca.

En este sentido, cabe preguntarse y reflexionar: ¿qué habrá que hacer para mejorar los factores de la inseguridad? ¿ acaso intentar erradicar a los grupos disidentes como en el pasado y a las vinculaciones con las FARC, como plantea Correa, con el posible cierre total de fronteras a Colombia para que así no entren grandes cantidades de colombianos, en su mayoría refugiados?, o ¿establecer políticas eficientes, diseñadas, coordinadas y ejecutadas en cooperación conjunta con todas las instituciones del Estado, dejando de lado las pugnas políticas entre el oficialismo y la oposición, con el objetivo de optimar las condiciones de vida de los ecuatorianos?