De Franco Martínez Mont

Quizá el flagelo histórico-social más pernicioso para la consolidación de cualquier sistema democrático vigente -desde las prácticas discretas de los gobernantes de Mesopotamia hasta las repúblicas modernas- sea el fenómeno polisémico de la corrupción. En nuestro caso, surgen las siguientes interrogantes claves: ¿qué características tiene la corrupción en Guatemala? ¿Penetra la corrupción a las organizaciones sociales, sector privado y comunidad internacional?

¿Qué alcance tienen las leyes e institucionalidad pública para el combate de la corrupción? ¿Realmente la corrupción es solamente transaccional y dineraria?, y ¿cómo modificar los paradigmas e imaginarios sociales de la ciudadanía sobre la aceptación “natural” de la corrupción?

La corrupción desde una perspectiva reduccionista es definida como “el abuso de un cargo público para beneficio privado”; sin embargo, trascendiendo la dimensión procesual recíproca —corrupto y corruptor—, es importante reconocer su naturaleza evolutiva en detrimento del sistema político en donde la corrupción ha sofisticado sus estrategias de enquistamiento público, creando redes complejas con una participación más amplia de actores privados que se mimetizan paradójicamente a través de la discursividad trillada del fortalecimiento del estado de Derecho.

La envergadura de la corrupción puede ser a una pequeña escala —soborno de un automovilista ebrio hacia un agente policial— hasta la hipercorrupción sistémica —saqueo cínico y permanente de las arcas públicas donde predomina la cleptocracia—.

Las redes de corrupción son estructuras sociales integradas por un conglomerado de sujetos con la finalidad de acumular diversos capitales —económico, político, jurídico, etcétera— para neutralizar el poder del Estado. Las redes para su rentabilidad y supervivencia en el espacio-tiempo necesitan establecer una codificación basada en necesidades, intereses, roles y límites destinados al latrocinio —regularmente de los bienes y servicios públicos—.

Para el 2012, Guatemala subió siete posiciones para combatir la corrupción —según el informe del Índice de Percepción de la Corrupción—, donde se manifiesta que nuestro país ahora figura en el puesto 113 de 174 naciones del mundo evaluadas, esto supone una mayor y mejor coordinación interinstitucional entre la Contraloría General de Cuentas, Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, Fiscalía contra la Corrupción, Comisión de Transparencia del Congreso, tribunales de justicia y otras afines.

Finalmente, la difícil desarticulación de las redes de corrupción en el país se debe a que han logrado construir un entramado que opera desde las entrañas de la institucionalidad pública valiéndose del clientelismo, burocratización, nepotismo, impunidad y violencia —desde la lógica extrajudicial hasta la simbólica—, esto implica reconocer que la corrupción es a su vez causa y efecto del crimen organizado transnacional, pues su vinculación con hechos de narcotráfico, contrabando, lavado de activos, trata de personas y otras permite ampliar su ámbito de acción geopolítica en el orbe.

 

 

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Publicado originalmente en Prensa Libre (Guatemala),el 12 de febrero de 2013