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A través de un decreto el Presidente hondureño, Manuel Zelaya, convocó una consulta popular para que la ciudadanía pueda expresar su acuerdo o rechazo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que dicte una nueva carta magna. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, incluso hasta en su propio partido.

El presidente que ha venido promoviendo el referéndum desde 2008, propone colocar en las elecciones generales del 29 de noviembre próximo una «cuarta urna», para aprobar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Indicando que la consulta es un derecho del pueblo a opinar sobre asuntos que siempre han sido manejados por pequeños grupos que defienden sus intereses personales.

Sin embargo, para los sectores que rechazan la iniciativa de Zelaya esta tendría como propósito modificar la estructura de gobierno y promover la reelección, que está prohibida por la actual Constitución. Siguiendo con ello los pasos de los presidentes de Venezuela y Ecuador, los cuales han efectuado procesos de cambio constitucional en sus países y se han mantenido en el poder.

Pero esta polémica se ha trasladado al Congreso Nacional. A la iniciativa del Gobierno ahora se le han sumado un grupo de diputados del Partido Unificación Democrática (UD), de izquierda y sectores de la principal organización de oposición el Partido Nacional (PN), quienes decidieron levantar sus propios proyectos de convocatoria a plebiscito.

La Carta Magna vigente es la número 14 desde 1924. En ella se puede reformar 372 de los 379 artículos que contiene, estableciendo los caminos para ser reformada, a excepción de siete artículos «pétreos». Tampoco un referéndum o un Plebiscito pueden reformar estos siete artículos. De ahí que, muchos analistas consideran «ilegales» las tres iniciativas, por ser violatorias de la propia Constitución.

Además todos los proyectos reclaman plebiscito o referéndum, que aún cuando están aprobados por ley, esas figuras todavía no tienen un reglamento interno para su aplicación.

Es así como este escenario de divisionismo entre los partidos políticos y confusión en el pueblo hondureño, hace vislumbrar un desarrollo lento y turbulento de un posible cambio constitucional.