Estudios: Violencia en La Araucanía: revisión de las estrategias de desarrollo para la zona

En La Araucanía hay alerta roja por 16 incendios forestales en seis comunas que han consumido aproximadamente 2.000 hectáreas, y se sospecha de un origen intencional en muchos de ellos[i]. Esto  se suma al ataque incendiario que terminó con un helicóptero quemado el 31 de diciembre pasado, y el baleo de otro que se aprovisionaba de agua para combatir la emergencia.

Lamentablemente este tipo de hechos y su intencionalidad no son novedad en la región. Sólo en los últimos 25 días han sucedido 13 atentados que inquietan a los habitantes de la zona. Lo que se suma a la percepción de que quienes cometen hechos de violencia en el lugar no tienen sanción alguna[ii]. En ese sentido, no sorprende el poco avance que ha tenido la investigación del incendio forestal en el que murieron siete brigadistas, mientras combatían las llamas en el sector de Carahue hace dos años atrás. En consecuencia, se pierde así la confianza en el sistema judicial y el Estado de Derecho, que ha llevado a los afectados a amenazar en más de una oportunidad con tomar las armas.

A este aumento de intensidad de los atentados incendiarios se debe sumar la incursión de elementos extranjeros en sectores más radicalizados del pueblo mapuche. Carabineros ha detectado la presencia de suecos, daneses, alemanes, colombianos, bolivianos, entre otros. Prueba de ello es que dos dirigentes de Chequenco, comuna de Ercilla, solicitaron refugio político en Bolivia denunciando ser “víctimas de amenazas por parte del Estado y de paramilitares”[iii].

Esto ha redundado en un discurso más ideológico de reivindicación, haciendo suyos temas tales como: territorio, autogestión, autodeterminación y participación política; cuestiones que, sin embargo, no tienen un apoyo mayoritario entre la población mapuche[iv].

Como sabemos, la Ley Indígena (Ley N° 19.253, promulgada el 5 de octubre de 1993 por el Presidente Patricio Aylwin), y su instrumento operativo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), han transformado la entrega de tierras en una de sus principales herramientas. Como consecuencia es una política pública altamente ruralizante, sin tener en cuenta que la mayoría (70%) de los indígenas vive en zonas urbanas.

Bajo este contexto, cabe preguntarse si acaso la política indígena -fuertemente centrada en la entrega de tierras-, no estará generando, justamente, incentivos perversos que agudizan el conflicto[v]. Se trata de una política pública creada durante los Gobiernos de la Concertación y que el actual Poder Ejecutivo ha mantenido de manera casi intacta, desde la promulgación de esta ley. La que además se hizo con un criterio más bien colectivista y poco flexible, al entregarse títulos comunitarios e impedir su venta o arriendo de las tierras entregadas por la CONADI. De ahí los desacuerdos que genera.

Nueva evidencia

Si se analizan las principales conclusiones del estudio realizado en octubre de 2013, por la Fundación Aitue[vi] -para mapuches que viven en las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos-, las tres prioridades de la política de gobierno debieran ser: la entrega de tierras (15,5%), ayuda para producir y vender (14,6%) y mejora de la salud (14,3%). Temas que se encuentran bastante lejos de aquellos por los que abogan las comunidades más radicales.

Asimismo, el 82,1% es partidario de la propiedad por título individual de tierras; el 53,2% cree que debieran poder vender libremente sus tierras; y el 67,5% piensa que deben tener derecho a arrendarlas libremente. Lo que se contrapone a la esencia de la Ley Indígena.

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