La libertad de prensa simplemente no existe en Cuba. Ha sido suprimida por el Estado comunista. Queda poco y nada de ella en la caótica Venezuela. Está seriamente lastimada en la Argentina, así como en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Y está cada vez más amenazada en algunos otros rincones de América Latina. Lo que es preocupante.

Por eso es frecuente escuchar a personajes que la detestan, despotricar muy campantes contra ella. Entre ellos aparece siempre el inefable Rafael Correa, el presidente de Ecuador, uno de los más abiertos y recalcitrantes enemigos de la libertad de opinión y de expresión.

En su discurso con motivo de su reciente re-re-elección como presidente de su país, el autoritario Correa, no pudo con su (mal) genio. Una vez más. Y aseguró que la prensa latinoamericana (al voleo): “es muy mala”. Porque él no la tolera. Desde que lo critica y vigila, con toda razón. Y que la recelada “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” es (para él)  apenas una suerte de lacayo de los Estados Unidos. Seguramente porque el referido organismo trata de cumplir con su deber: que es el de defender los derechos humanos y las libertades civiles y políticas de los pueblos de la región. Con la necesaria independencia e imparcialidad.

Hablamos precisamente de aquellas libertades que incomodan enormemente a Rafael Correa. Siempre victimizándose ardorosamente, Correa agregó que se siente objeto de un “linchamiento mediático”. Para él, el obviamente quien no lo aplaude, sumiso, lo está “linchando”.

Lo que debe ser tenido apenas como una exageración que, en este caso, quiere decir que Correa no tolera las críticas, ni admite opiniones diferentes de la suya. Porque cree saberlo todo.

Agregando Correa, de paso, que también los autoritarios Hugo Chávez (ya fallecido) y Cristina Fernández de Kirchner son objeto de “linchamientos” similares. A lo que sumó, inmediatamente, una extraña -y poco oportuna- defensa de la “integridad” de la presidente de Argentina y del venezolano Nicolás Maduro, denunciados ambos por los medios de sus propios países, en lo que luce como una simultánea y dura tormenta que ha estallado en su respectivo derredor, con gruesas nubes de corrupción flotando sobre sus dos cabezas, por igual.

También el actual gobierno izquierdista del Uruguay está, de pronto, sintiendo la urgente necesidad de “regular” los servicios de comunicación audiovisual. Esto es la actividad de la televisión y la de las radios. Esto, pese a que Uruguay es uno de los países que más religiosa y constantemente respeta las libertades civiles y políticas de sus ciudadanos. En lo que es una arraigada tradición, casi sin fisuras.

Por esto el presidente José Mujica ha enviado al Congreso un proyecto de ley para regular los servicios de comunicación audiovisual. En palabras sencillas, las transmisiones de radio y la televisión. Lo que luce totalmente innecesario. Pero los presuntos progresistas son así, les gusta tener siempre, por si acaso, un garrote disponible. Ese es su “otro yo” autoritario, que casi todos, de una manera u otra, comparten.

Siguiendo el modelo argentino y utilizando sus palabras y expresiones, cual “modelo”, la futura ley uruguaya incluye (a la manera de evidente biombo) toda una serie de garantías a los medios que, la verdad, no están amenazadas por nadie.

No obstante, a caballo de ellas, el proyecto incluye también algunas posibles limitaciones a la libertad de opinión y expresión, en lo que conforma una panoplia de corte restrictivo, que es naturalmente el verdadero propósito del proyecto de ley y podría expandirse mañana.

Por ejemplo, define a la actividad radial y televisiva como una “de interés público”. Y atribuye el Estado la potestad de “regular” esa actividad en base a los principios de “pluralidad”, “diversidad”, “no discriminación” e “igualdad de oportunidades”. Lo que puede querer decir, mañana, las más diversas cosas, dependiendo de las circunstancias.

Limita, además, las garantías que reconoce al decir que ellas existirán, pero sólo “dentro de los límites de la misma ley”. Con fronteras a definir, entonces.

Además el proyecto dispone que nadie puede, en el capítulo específico de la televisión, tener más abonados que el 25% del total nacional de hogares con acceso a ese medio de comunicación masivo.

Crea asimismo un “Consejo de Comunicación Audiovisual”, que actuará “en función del interés general” (lo que es distinto de hacerlo prioritariamente en función de la protección de la libertad de prensa) y fiscalizará el buen funcionamiento del régimen. Lo conformarán cinco miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo, esto es por el poder político, lo que no es ciertamente neutro y está lejos de ser lo ideal. Un “ombudsman” estará, además, a cargo de la defensa de los intereses de los usuarios y consumidores.

El proyecto contiene, como es habitual, una panoplia de posibles sanciones, que incluye la pérdida de la respectiva licencia para quienes, en opinión del Poder Ejecutivo, de pronto violen los preceptos de la norma propuesta.

Una norma que creemos es peligrosa, con algunas pautas que quedarán sujetas a la interpretación del poder de turno. Uruguay no la necesitaba. Para nada.

Pero es sabido que los izquierdistas aman tener instrumentos con los cuales pueden amenazar y atemorizar a los medios de comunicación masiva. Cuando quieren silenciarlos, sea para evitar las críticas, sea para garantizarse impunidad. Esa es su forma de mirar y entender lo que significa la libertad. Para ellos se trata de una suerte de concesión graciable mucho más que un derecho legítimo de las personas. Tan trascendente que hace a su misma esencia. Uno que, entonces, es propio e inseparable de los ciudadanos.