El 11 de noviembre pasado, IDESA publicó un informe el cual reporta que desde el año 2004 al 2010 la cantidad de alumnos que concurren a los niveles inicial, primario y secundario aumentó en 452.000; el 83% de dicho incremento se registró en escuelas de gestión privada. La emigración de la escuela pública a la privada es reportada por las más diversas fuentes; sin ir más lejos, fue resaltada semanas atrás por un calificado panel de expertos en el Senado de la Nación.

Geográficamente, señala Alieto Guadagni, Miembro de la Academia Nacional de Educación, “se destaca el conurbano bonaerense donde se registra la abrumadora presencia de la pobreza extendida”, agregando que “en el 2010 ingresaron al primer grado estatal 19 % menos de niños que en el 2002, mientras en las privadas la inscripción aumentó 28%”.

Cada vez más familias, aún en zonas caracterizadas por sus bajos ingresos, realizan importantes sacrificios para afrontar las cuotas de un colegio privado. ¿Cuántas más emigrarían si tuviesen los medios necesarios para hacerlo?

El Estado ha incrementado la participación del gasto en educación del 4% del PBI en 2004 a más del 6% en la actualidad. El aumento en la asignación de recursos ha sido realmente significativo. ¿Por qué no ampliar también las posibilidades de las familias de bajos recursos de una manera sin precedentes? ¿Por qué no aplicar parte del presupuesto educativo a ofrecer a los padres de cada estudiante de familias de bajos ingresos la oportunidad de elegir a qué escuela concurrirá su hijo, ya sea pública o privada? Es claro que un Plan Social de estas características contribuiría a equiparar oportunidades.

¿Quiénes podrían ser sus beneficiarios? Calificarían, por ejemplo, los ciudadanos comprendidos en la Asignación Universal por Hijo, la cual, según definición de la página del ANSES, “le corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Con la misma, el Estado busca asegurarse de que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para cobrarla”.

Bajo este escenario, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirían un subsidio adicional, destinado únicamente a ser entregado a la escuela pública o privada de su elección. En caso de no hacerlo, perderían el derecho a cobrar la Asignación, de la misma forma que en caso de no demostrar la asistencia de sus hijos a la escuela, de no realizarles los controles de salud, o de no cumplir con el calendario de vacunación obligatorio.

Todo niño merece una oportunidad; la Asignatura Universal por Hijos contribuye a otorgársela. La posibilidad de elegir el tipo de establecimiento educativo al que concurrirían los niños, ¿no piensa Ud. que habría de potenciarla?

Todo niño merece una oportunidad, no deberían tenerla tan sólo unos pocos afortunados. Un Plan Social que otorgue a los padres de familias carenciadas el derecho a elegir la escuela en la cual educar a sus hijos contribuiría a generar mayores oportunidades para muchos niños y, por ende, a romper el círculo vicioso de la pobreza.

* Edgardo Zablotsky Profesor de Economía, Universidad del CEMA

Publicado originalmente en Cronista.com, el 28 de noviembre de 2012.