Llevamos más de dos años con el vacío legal que dejó el fallo del Tribunal Constitucional contra el uso de las Tablas de Factores por parte de la Isapres. Si bien el Tribunal Constitucional consideró legítima la diferenciación de las primas por edad y sexo, sostuvo que las diferencias vigentes eran excesivas. Además, éstas deberían estar establecidas por ley y no por la Superintendencia de Salud. Luego del fallo se esperaba que el sistema siguiese funcionando con la Tabla de Factores vigente hasta que se relizaran las modificaciones legales al sistema. Sin embargo, la Corte Suprema también consideró ilegal el uso de la Tabla de Factores, dejando a las Isapres en una situación muy compleja.

Desde antes del fallo del Tribunal Constitucional, el sistema de Isapres ya experimentaba un alto grado de judicialización. En algunas Cortes de Apelaciones los Recursos de Protección relacionados con Isapres han llegado a representar hasta el 80% del total de causas ingresadas, situación que se ha prolongado hasta la fecha.

Para llenar el vacío legal y terminar con la alta judicialización del sistema, en marzo de 2011 el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto conocido como Ley Corta de Isapres, en el cual se establecen las Tablas de Factores y se reducen las diferencias máximas en los valores de los planes para distintos grupos de riesgo. Con estas modificaciones se lograría normalizar el funcionamiento de la salud privada, abriendo espacio para que se desarrolle un debate bien informado y más razonado sobre la dirección que queremos darle al financiamiento de la salud privada, así como las consecuencias de las distintas alternativas.

Esto no ocurrió y en diciembre de 2011, el Ejecutivo ingresó un proyecto que crea un Plan Garantizado de Salud, modificando sustancialmente el sistema de Isapres. El plan, un esquema de compensaciones de riesgo y los ajustes de precios estarían a cargo de la autoridad, limitando la capacidad de las Isapres de innovar y controlar costos. Evidentemente, las presiones políticas van a terminar en un plan cada vez más generoso y caro de financiar, excluyendo a la clase media de la salud privada.

Se dice que el sistema propuesto es solidario. Sin embargo, se estima que perjudicaría a cerca del 60% de los afiliados actuales. Los jóvenes de menores ingresos serían los más perjudicados, mientras que mayores de altos ingresos, los más beneficiados. Dudoso concepto de solidaridad. Es improbable que en este escenario mejore el problema de judicialización en el sistema.

* Rodrigo Troncoso es Doctor en Economía de la PUC y Coordinador Programa Social de Libertad y Desarrollo (LyD)

Publicado originalmente en El Pulso, el 26 de septiembre de 2012.