El Ministerio Público colombiano pidió formalmente a la Suprema Corte de Justicia del país caribeño que abra una investigación sobre las presuntas relaciones de la ex senadora Pilar Córdoba con las «FARC». Si esto fuera aceptado, se iniciaría un proceso penal contra ella.

Aparentemente se encontraron pruebas que evidencian esa vinculación en una de las computadoras que, en su momento, utilizara Víctor Julio Suárez, más conocido por su “nombre de guerra”, como “el Mono Jojoy”.

El mencionado ex jefe guerrillero, recordemos, fue ultimado en septiembre de 2010, en el trascurso de un duro bombardeo realizado por las fuerzas armadas colombianas cuando el mencionado Suárez estaba acampando con sus hombres en un lugar montañoso, en Meta, en el centro del país.

Las sospechas en torno a las vinculaciones de la ex senadora con la guerrilla marxista han flotado sobre ella, por un buen rato. Las denuncias, reproducidas ahora por “El Universal”, señalan que el vínculo de la ex senadora habría sido con el llamado “Frente 30”, de las “FARC”:

Es necesario recordar que la ex senadora había sido ya destituida como tal (e inhabilitada, además, para ejercer cargos públicos por 18 años) hacia finales de 2010. Como consecuencia de una publicitada investigación y de un proceso disciplinario en el que se evidenció que, extralimitándose en sus funciones, había en su momento mantenido contactos con los guerrilleros.

Ante esas gravísimas imputaciones, la ex senadora Córdoba (frecuente visitante a Buenos Aires) sostuvo que no había “otra forma” que contactar a los milicianos de las “FARC” para poder llevar adelante sus “esfuerzos por tratar de liberar a los prisioneros (políticos, militares y policías) secuestrados por las “FARC”, en lo que es una de sus prácticas habituales, que obviamente conforma un crimen de guerra, específicamente definido como tal y penado por las Convenciones de Ginebra, que son de rigurosa aplicación a los enfrentamientos en los llamados “conflictos armados internos”, como es el colombiano. Ello no obstante, lo cierto es que estas normas del llamado “derecho humanitario internacional” han sido -y siguen siendo- desconocidas y no aplicadas (a la manera de letra muerta) en la mayor parte de los países latinoamericanos que desde los 60, de una manera u otra, han sufrido el flagelo de la guerrilla.

Además de la computadora que estaba en poder de Suárez, las fuerzas de seguridad colombianas habría asimismo información obtenida con alguna anterioridad en el computador que, en este caso, perteneciera a Luis Edgar Dávila, quien en su momento respondiera al nombre de guerra de “Raúl Reyes” y muriera en marzo de 2008 cuando se desempeñaba como segundo jefe de las “FARC”. Esta información en particular, no había sido admitida como válida por las Corte Suprema de Colombia, lo que no afectó la decisión disciplinaria en su momento tomada contra Piedad Córdoba.

Utilizando la información obtenida a la muerte de Reyes se pudo saber que la ex senadora tenía también un alias, en este caso: “Teodora” o, a veces, “Teodora de Bolívar”.

Pilar Córdoba ha negado sistemáticamente todo esto y se ha mantenido siempre en su posición de que sus contactos con las “FARC” fueron sólo de tipo “humanitario”, como ocurriera, recordemos, en algún sonado episodio de un frustrado rescate de un niño, que devino un gigantesco papelón (en el que la acompañaran, en su momento, tanto Néstor Kirchner como el propio Hugo Chávez). Me refiero al que tuviera como escenario a la selva colombiana, en lo que era presumiblemente una auténtica operación de propaganda, que terminó ciertamente muy mal para sus impulsores bolivarianos.

En los últimos tiempos, la ex senadora ha dedicado buena parte de su tiempo a “respaldar” al proceso de paz que está en marcha -y avanza muy lentamente- entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las “FARC”, negociación que se desarrolla en La Habana, Cuba.

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