Panamá: Primero justicia, y más justicia

Por:

Roberto Brenes

En:

Fundación Libertad

País:

Columnas

Fecha:

2 de julio de 2014

Mañana estrenamos nuevo presidente. Las esperanzas sobre su gestión son tan pesadas y numerosas como pesados y numerosos son los retos que encuentra. Muy alta en la lista de reivindicaciones ciudadanas está el justo castigo a los delincuentes y corruptos. El nuevo gobierno no puede esperar nada de la actual Procuradora y de la Contralora. Los ciudadanos esperamos acciones concretas a partir de pasado mañana.

En menos de 45 días, los ciudadanos hemos pasado de vacilantes incrédulos a firmes convencidos de que el nivel de corrupción, robo y rapiña durante la administración Martinelli ha rebasado cualquier estimado o sospecha. Todos los días se destapa una nueva cloaca y todos los días el partido de gobierno y sus adláteres la intentan tapar, desaparecer o maquillar. Todo lo que se intenta para viciar o destruir los posibles procesos de corrupción, hace más por confirmar la legitimidad de todas las sospechas y acusaciones. Un indulto preventivo, como el que ha intentado el presidente saliente, es una clara admisión de los delitos, de lo contrario, ¿para que lo necesitan los padres de la patria?

Lo malo del problema es que los pocos representantes del nuevo gobierno que han hablado sobre el tema se muestran enfáticos en indicar que este es un problema “judicial” y que tendrá que resolverse por esa vía y cuando buenamente ese “sistema” así lo estime. Si eso es así, entonces los ciudadanos estaremos ante un gobierno más de componendas y pactos, ya sea por comisión o por omisión.

Los panameños repudiamos la corrupción y lo hemos venido expresando en las urnas en forma consistente. Ahora quizá no nos queremos acordar, pero cuando elegimos a Ricardo Martinelli nos cautivó su aura de independencia material –“no necesito robar”– dijo muchas veces. Y su gran lema de campaña “entran limpios y salen millonarios” parecía que al fin íbamos a tener una escoba nueva para adecentar y prestigiar la débil democracia. La realidad fue otra y Ricardo Martinelli, el caballero Jedi que todos esperábamos, resultó el mejor discípulo del lado oscuro (y feo) de la Fuerza.

Hoy, a pesar de los repetidos chascos, se cifran esperanzas en el nuevo gobierno. Varela no parece una astilla del mismo palo, ¿o sí ? El nuevo gobierno no puede esperar que los cómplices del viejo gobierno, particularmente la Procuradora y la Contralora, conduzcan las investigaciones en forma imparcial, objetiva y trasparente. Por lo tanto, el nuevo gobierno debe de inmediato legislar sobre la creación de una comisión o una fiscalía especial para todas las investigaciones que haga falta realizar y de allí llevar ante la justicia los casos que sean necesarios.

Para una causa como esta, Varela cuenta con el apoyo ciudadano y seguramente con una alianza legislativa con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene la oportunidad de oro de lavarse la cara y alejarse de la percepción antidemocrática que todavía se le endilga. Si no se ponen en nuevas manos las investigaciones sobre los cuales hay huellas frescas y mucha gente con ganas de desquitarse las patanerías y abusos, habremos perdido una gran oportunidad. Una comisión como fue la Comisión de la Verdad o como aquella que quiso montar el expresidente Barletta para el crimen de Hugo Spadafora, o una o varias fiscalías delegadas, pueden ser las formas de “aterrizar corriendo” en un tema crítico para la institucionalidad del país y cimiento de la vida republicana.

Fórmulas jurídicas hay, pero el presidente Varela debe liderar y los ciudadanos apoyar. Pero ni el liderar ni el apoyar se hace desde un sofá. Hay que definir esos anhelos con acciones concretas de apoyo en los medios, en la calle y en todo el país. No es la primera vez que la ciudadanía acciona para lograr justicia y democracia.

El poder ejecutivo debe agotar todas las posibilidades de lograr los cambios que requiere el país, dentro de su limitación constitucional, y por ello es crítico la concurrencia del poder legislativo. Este ejercicio por la justicia es un imperativo moral para el Ejecutivo y Legislativo. Pero también es una prueba de cuán comprometidos estarían ambos poderes ante ese clamor ciudadano. Manos a la obra, ¡que el tiempo no nos sobra!

 

 

Publicada originalmente en Fundación Libertad de Panamá, el 30 de junio de 2014