El problema de la tenencia de la tierra se inició con la misma creación del Estado paraguayo. En la época del Dr.  Francia y de los López eran las Estancias de la Patria.  El gobierno, de esta manera, tenía control sobre la ganadería y  permitió a los compatriotas el acceso a fincas arrendadas. La propiedad, no obstante, seguía siendo estatal.

Luego de la hecatombe de la Triple Alianza, Bernardino Caballero en el año 1883 inicia el proceso de poner en venta las tierras públicas. El Paraguay estaba desvastado por aquella guerra y sin ninguna posibilidad de préstamos. La miseria empujaba al éxodo a nuestros compatriotas, mujeres y niños en general. Acosado por sus acreedores, la venta de las tierras fiscales significó un alivio para las escuálidas finanzas y permitió al erario un importante ingreso de dinero.

Esta fue una reforma radical. Ya desde aquellos lejanos años, la tenencia de la tierra se convirtió en una fuente de riqueza. Unos pocos se beneficiaron enormemente y otros tantos se aprovecharon en demasía. Hasta fue una fuente de poder y de privilegios. Con la Constitución de 1844 de Carlos Antonio López, el acceso a la presidencia de la República y a la Cámara de Diputados requería de tener un título que acredite una hacienda. Tiempo después con Stroessner se adjudicaron en nombre de la reforma agraria millones de hectáreas. Los nuevos y numerosos dueños no eran precisamente beneficiarios del Estatuto Agrario.

Estas tierras se vendieron y se revendieron. Pasaron por distintos propietarios. Se hicieron inversiones y mejoras en las fincas. Los llamados actos de posesión empezaron a emerger sobre la propiedad. Ahora, el Estado ciertamente puede recuperar esas tierras. Para lograrlo, no obstante, la vía legal es la demanda de reivindicación.

Este es el procedimiento establecido en nuestro sistema legal. Más allá solo cabe la arbitrariedad y el derecho no puede surgir de un acto ilegal. El tema no parece complicado, a menos que, el Ejecutivo en este caso, pretenda otra cosa diferente. Y lo está haciendo. Permite las invasiones y convalida así actos ilegales que en nada beneficiarán a aquellas personas que creen todavía en la reforma agraria.

El problema real, más allá del Ñacunday es la pobreza campesina. Los censos y estudios en la materia muestran que pese a una reforma que  tiene cien años de vigencia, ha dejado como evidencia la existencia de miles de hectáreas de tierras fiscales en las que no se produce nada y pocos campesinos para trabajar.  La razón consiste en que el problema es otro. Es la desinversión, la baja productividad y la falta de empleos. En el Paraguay la mitad del territorio se encuentra improductivo.

Debemos reconocer que la reforma fracasó. Se relegó a propósito lo sustancial. Se hizo a adrede para que miles de campesinos queden atrapados en una red política, dependiente de una burocracia infernal y corrupta. No existe otro camino que cambiar esta visión y prácticas perversas.

El mismo Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que reemplazó al antiguo Instituto de Bienestar Rural (IBR), no es más que una agencia ineficiente atada a los intereses de políticos y burócratas. El Indert cuenta en sus registros a miles de familias que ya cumplieron con las exigencias de la legislación rural. Sin embargo, no gestiona la entrega de títulos.

Pero esto es apenas un aplazo más en la larga lista de ineficiencia y corrupción al que nos tiene acostumbrado el Estado. Lo que está ocurriendo en estos días es una de las mayores tragedias está teniendo repercusión sobre el derecho, la economía, la política y la misma moral.

La instalación de los invasores en  un Parque Nacional de reserva boscosa es lo que en la Grecia Antigua llevaba el nombre de tragedia. Los carperos accederán a lotes con servicios públicos incluidos. Ya están en el lugar, en una de las zonas más fértiles del país, similar a la cuenca del Missisipi y Missouri,  en EE.UU. conocido como el granero del mundo. A partir de ahora, el slogan predilecto de la delincuencia se ha hecho público, notorio, detestable e hipócrita: “Desea un lote gratis; es sencillo, alístese como invasor de propiedades que tendrá la oportunidad que jamás tendrá en su vida”.

Lo que sucede en Ñacunday y en otros lugares no resuelve nada y perjudica a todos. Es un episodio político, para beneficio de unos pocos que desean réditos electorales. En el Paraguay más que nunca se requiere de la decisión firme para avanzar hacia el desarrollo rural. El punto de partida está en manos del gobierno de turno que alentó las invasiones y ahora debe resolver el problema que creó por su inutilidad, incoherencia y falta de patriotismo. Afortunadamente para los hombre mujeres de bien de este país, hay un camino para salir de este atolladero. Cumplir la ley, garantizar la propiedad y entregar los títulos que por notoria desidia no ha hecho hasta ahora. Solo esto, comparado con lo que tenemos, será un buen comienzo.

* Víctor Pavón es Decano de Currículum UniNorte (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.

Fuente:  El Cato Institute, 05 de marzo de 2012.

Foto: ABC Digital (Paraguay)