Chile: Nuevo Ministerio del Interior

Por:

José Francisco García

En:

El Mercurio (Chile

País:

Chile

Fecha:

25 de enero de 2011

Estamos ad portas del estreno del «nuevo» Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Después de un largo recorrido legislativo, tanto en años como en propuestas de diseño institucional, nos encontramos con una arquitectura que, junto con elementos positivos e innovadores, esconde un conjunto de desafíos e interrogantes, de cuya correcta aproximación depende, en importante medida, la consecución de las metas de reducción de delitos que han sido propuestas por el ministro del Interior al país.

¿Qué desafíos e interrogantes del nuevo diseño institucional son posibles de anticipar?

En primer lugar, la nueva Subsecretaría de Prevención del Delito es un órgano eminentemente técnico, que busca diseñar y evaluar políticas y programas de seguridad, tanto en los ámbitos de la prevención como de la rehabilitación y reinserción. Precisamente porque debe coordinar y evaluar programas que están al alero de otros ministerios y servicios públicos, en particular el de Justicia; es que su eficacia puede ser limitada. ¿Quién será el responsable final de estos programas: el que diseña y evalúa o el que ejecuta? ¿Serán implementadas por otros ministros las recomendaciones y propuestas de mejora recomendadas por la Subsecretaría? ¿Es posible evitar duplicidades en el ámbito de la reinserción y rehabilitación?

En segundo lugar, originalmente se contemplaba que el ministro del Interior rindiera, personalmente, cuenta ante el Congreso respecto de los indicadores y programas de seguridad. Hoy, sólo se contempla que el ministerio entregue semestralmente información a las comisiones que designe el Congreso. Así, un seguro hito periódico de accountability y transparencia, con todos los incentivos que conlleva, se pierde. ¿Cuál será el estándar que adopte en esta materia el ministro? ¿El Congreso?

En tercer lugar, la creación de los consejos Nacional y Regional de Seguridad Pública, parecen, en principio, una buena plataforma de coordinación entre las diversas autoridades involucradas en la seguridad pública. Sin embargo, cuando la coordinación no está basada en instrumentos, sino en la sola disposición o acuerdos de palabra entre los coordinados, la efectividad de la misma es nula. Ejemplos sobran en nuestra institucionalidad ambiental, financiera, etcétera. Además, la coordinación tiene sentido cuando hay coordinador y coordinados, cuestión que no ocurre en este caso (sobre todo si hay poderes autónomos involucrados).

Por otro lado, la nueva institucionalidad no innova ahí donde la experiencia internacional es contundente: a nivel local. Así, por ejemplo, desde la perspectiva de la persecución criminal, querríamos una reunión en cada comuna los lunes a primera hora, que reuniera al alcalde, al jefe de seguridad comunal, al fiscal local y al comisario o subcomisario de la zona, para analizar, en detalle, la evolución de cada delito por cuadra, con mapas georreferenciados, y adoptar las medidas del caso.

Lo anterior es relevante porque, además, permitiría descentralizar a nivel local el establecimiento de metas y plazos de reducción de delitos específicos, en plazos específicos. ¿Qué sentido tiene fijar metas nacionales de reducción de delitos? El cumplimiento de metas estaría asociado a incentivos de diversa índole. ¿Por qué no es posible hacer evaluaciones por desempeño (en serio) a policías y fiscales? Esquemas de ascenso basados en antigüedad y mérito son un mal aliado en el combate a la delincuencia. La nueva institucionalidad permite la evaluación policial, la pregunta es si se ejercerá realmente dicha potestad.

El nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública es sin duda un gran paso. Con claridad y de manera expresa se ha definido un articulador y responsable último de la seguridad pública. Sin embargo, debiese ser considerado, más bien, un excelente punto de partida en nuestra conversación pública acerca de nuestra institucionalidad de seguridad pública.

(*) Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en derecho, de la Universidad de Chicago.