La forma natural para evaluar los primeros 100 días de gobierno de Nicolás Maduro es comparándolo con el gobierno anterior, atendiendo a las crisis políticas y económicas que han surgido en una transición que todavía no termina de darse por completo. Así que, paradójicamente, el punto de partida para el análisis se encuentra en una frase que han usado tanto el chavismo como la oposición: Maduro no es Chávez. Aunque con ella algunos sectores oficialistas quieran hacer ver que Chávez era bueno y explicarse a sí mismos los resultados electorales del 14 de abril, los cambios en la votación y la menor capacidad de maniobra del nuevo Poder Ejecutivo, el verdadero significado de esto es que Maduro no tiene la gobernabilidad, ni la fuerza ni el poder de acuerdo del presidente fallecido.

El nuevo gobierno en estos 100 días, ha reconocido mejor que el propio Chávez el triángulo perverso que ocasiona el desabastecimiento: el control de cambio (que ya lleva diez años implementado), el control de precios (que deja precios congelados por hasta 3 años en una economía de alta inflación), y las expropiaciones improductivas (incluso, reconociendo que una buena parte de ellas debe ser reactivada por el propio sector privado, en conjunto con el sector público).

Pero, si en Miraflores reconocen las bases del problema, ¿por qué las acciones para atenderlo son tan mojigatas? ¿Por qué esos cambios en el gabinete —donde no cambiaron los actores, pero sí cambió el balance de fuerzas, en contra de los radicales y a favor de los pragmáticos— no se traducen en que el país salga de la crisis y avance? Las acciones que puede concretar el gobierno de Maduro son tímidas, pequeñas e ineficientes por una razón: no están dispuestos a pagar el costo político.

La popularidad de Chávez estaba más de 20 puntos por encima de los mejores números de Maduro, quien además hereda un país dividido, una crisis económica y una merma electoral demasiado evidente como para esconderla de sus adversarios políticos, tanto los que están fuera del gobierno como los que están puertas adentro. A diferencia de Nicolás Maduro, Chávez gozaba de un respaldo popular excedentario que le permitía, incluso, tomar decisiones impopulares poniendo capital político sobre la mesa y, a largo plazo, salir ganando.

Maduro sabe que tiene que devaluar la moneda una vez más y de manera significativa. El tipo de cambio, casi regalado, no tiene sentido. Sabe que debe hacerlo y pronto, así sea para algunos sectores. El control de cambio, tal como está concebido actualmente, no es viable ni sostenible. Maduro es  consciente de que un exceso de la demanda de divisas desequilibra todo el sistema cambiario, pero en Miraflores nadie tiene la capacidad de maniobra política para tomar la decisión, incluso de una devaluación implícita. Maduro sabe que tiene que negociar algunos precios, pero tiene pánico inflacionario. Ha venido tomando decisiones tímidas pero ninguna resuelve el problema de fondo. En una acción política que puede volverse en su contra muy fácilmente; para evitar los costos políticos a corto plazo, está construyendo un costo sociopolítico mayor a largo plazo.

Curiosamente, Maduro se ha atrevido a hacer dos cosas que Hugo Chávez siempre intentó evitar: tocar el tema de la corrupción y hablar de la inseguridad. Incluso ha tenido que involucrarse  personalmente en este último asunto a través de elementos de gestión como el Plan Patria Segura. Chávez podía evadir el tema porque no recibía los costos políticos de la seguridad: como no era visto como el culpable, simplemente no hablaba de la soga en la casa del ahorcado.

Pero Maduro no puede darse el lujo de sacarle el cuerpo al tema: tiene que tomar acciones, presentar resultados, mantenerse vinculado con el asunto. Y esa posición, en torno a un tema como éste y con las cifras que ha arrojado recientemente, ya representa un alto riesgo.

Con el asunto de la corrupción pasa algo parecido: Chávez lo tocaba muy someramente y sin acciones contundentes. Maduro tuvo que tomar decisiones, entre otras cosas, a raíz de los resultados de  las últimas evaluaciones de gobierno en las que la corrupción ha comenzado a aparecer como un aspecto negativo cuando antes era un tema que no parecía de tanto interés para el electorado.

Esto puede leerse de dos maneras: la primera es que a Maduro se lo está comiendo un problema que ahora existe en la mente de los electores y, como Maduro no es Chávez, debe actuar. La segunda es que al empezar a meter el tema de la corrupción en su discurso, pensando que se iba a beneficiar, terminó subrayando un aspecto y despertando un debate que antes no existía. No quiero decir con esto que no hubiera corrupción, sino que no formaba parte de los debates que podían incidir en la decisión de los electores.

Resulta interesante que pese a la crisis severa y los múltiples problemas que enfrenta el nuevo Gobierno, la oposición no logra fortalecerse tampoco en estos 100 días y, aunque no se debilita, su conexión popular se enfría frente a la ausencia de nuevos temas que emocionen a las masas y estimulen las migraciones de soporte popular. Quizás es una mezcla de lo que el Gobierno hace para protegerse, con lo que la oposición no hace para avanzar.

Gardel decía que 20 años no es nada, pero cuando intentas estabilizar o debilitar una revolución que depende totalmente de la fuerza de un líder que ya no está, 100 días pueden ser mucho si no los aprovechas bien… Y eso es igual para tirios y troyanos.

..

* Presidente de Datanalisis, economista, profesor universitario y articulista de El Universal

Publicado originalmente en Revista Perspectiva, 5 de agosto de 2013