La democracia en Latinoamérica necesita fortalecerse y preservarse. Mientras en algunas naciones las instituciones democráticas se afianzan y desarrollan, en otras están siendo destruidas desde adentro por parte de gobiernos electos democráticamente pero que gobiernan autoritariamente. El 2011, año en el que la Carta Democrática de la OEA cumple diez años, debe ser la oportunidad propicia para reformar la Carta Democrática y darle la fuerza y efectividad que necesita para preservar la democracia.

Este fue el tema de la Tercera Reunión de Expertos en Relaciones Internacionales de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) que se reunieron en Santa Cruz de la Sierra los días 21 y 22 de enero de 2011. La Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001, significó un avance trascendental en el compromiso por la Democracia de los Estados Americanos que definieron que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.

Sin embargo, la Carta Democrática fue concebida pensando esencialmente en los golpes de Estado clásicos, en la cuales un gobierno electo democráticamente es desestabilizado o derrocado por fuerzas militares que conspiran contra las autoridades electas por el voto popular.

En su momento, no se previó las situaciones como las que se viven actualmente en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos electos democráticamente atropellan a las instituciones democráticas y a los derechos humanos, sin que la OEA y el Sistema Democrático Interamericano puedan brindar una protección efectiva al conjunto de los ciudadanos, autoridades electas e instituciones de la democracia, puesto que ante el Consejo Permanente y ante la Asamblea General de la OEA solo están representados los Ejecutivos, que en estos casos son quienes están violando los principios establecidos en la misma Carta Democrática.

Convertir a la Carta Democrática en Tratado Interamericano de Protección a la Democracia, abrir la OEA para que puedan acudir directamente a la misma representantes de los poderes Legislativo, Judicial, autoridades electas y judiciales y organizaciones civiles, crear una Comisión Interamericana de Protección a la Democracia, Relatores y Misiones Permanentes que no necesitan de los permisos de los gobiernos para presentar informes sobre el Estado de la Democracia en cada Estado, así como despolitizar las instancias de demandas por las violaciones, transfiriendo del Consejo Permanente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las facultades de evaluar las violaciones a la Democracia, fueron algunas de las principales coincidencias de la reunión de la UPLA, que se ha propuesto impulsar una reforma que le dé a los pueblos latinoamericanos un instrumento que proteja efectivamente la democracia y pare los abusos de gobiernos autoritarios que destruyen la democracia desde adentro.

(*) Ex presidente del Senado Nacional de Bolivia

Fuente: El Deber (Bolivia) 26 de enero de 2011