La crisis del chavismo en Venezuela, el escándalo de Petrobras en Brasil y la salida del kirchnerismo en la Argentina, son fenómenos de primera magnitud en la escena latinoamericana. La combinación de esos procesos da lugar a una inquietante novedad: la evidencia de que los Gobiernos de esos tres países se vincularon por afinidades ideológicas, pero también por una red de corrupción.

En 2006, Petrobras debió deshacerse de su participación accionaria en Transener, la principal transportadora de electricidad de la Argentina. Intentó transferir ese activo al fondo norteamericano Eton Park. Pero el Gobierno de Néstor Kirchner impidió la operación con el argumento de que no podía confiarse un servicio público a una entidad financiera. El 50% de Transener pasó a manos de la estatal Enarsa, y Electroingeniería. Esta última se convirtió durante el kirchnerismo en una de las principales firmas energéticas de la Argentina. Su principal socio, Gerardo Luis Ferreyra, es íntimo amigo del exsecretario Legal, Carlos Zannini, el funcionario más cercano a los Kirchner.

 Los Gobiernos de esosBrasil, Argentina y Venezuela se vincularon por afinidades ideológicas, pero también por una red de corrupción

El viernes pasado, el arrepentido brasileño Fernando Soares, conocido como Baiano, informó a la justicia de su país de que recibió 300.000 dólares para conseguir que Petrobras vendiera su activo a Electroingeniería. Baiano dijo que el lobista que le propuso este negocio eléctrico se llama Luz, Jorge Luz. Casi cómico. Luz acercó a Roberto Dromi, exministro argentino de Obras Públicas durante la gestión de Carlos Menem. Dromi y Luz, según Baiano, diseñaron la estrategia jurídica para que el ministro de Planificación de Kirchner, Julio De Vido, impidiera el ingreso de Eton y autorizara el de Electroingeniería y Enarsa. Dromi fue asesor de Electroingeniería y de De Vido.

El delator contó que el director de Petrobras, Néstor Cerveró, también recibió 300.000 dólares por la operación. Y que Luz sobornó a los legisladores brasileños Renan Calheiros, Aníbal Gomes y Jader Barbalho, y al entonces ministro de Energía de Brasil, Silas Rondeau, y a De Vido.

La respuesta de De Vido, hoy diputado nacional, fue heterodoxa: una catarata de tuits. Alegó no conocer a Baiano ni a Luz, y defendió que Transener haya quedado para una empresa nacional. Eso sí: olvidó refutar la acusación de los sobornos. Ferreyra, el dueño de Electroingeniería, se limitó a retuitear a De Vido.

Petrobras y Cresta Roja son dos manifestaciones de un mismo método

Otro escenario. El mismo tema. El primer conflicto laboral que afronta el nuevo presidente argentino Mauricio Macri es la protesta de los empleados de la avícola Cresta Roja. Esta compañía creció al amparo del kirchnerismo, que la favoreció como proveedora de pollos a Venezuela. El comercio entre los dos países se administró a través de un fideicomiso creado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Cresta Roja consiguió ingresar a ese circuito, gracias al que obtuvo un subsidio de 650 dólares por tonelada exportada. Aun así, acumuló una deuda de 300 millones de dólares, y quebró. Los trabajadores no protestan contra los patrones, sino contra el Estado, que les estuvo pagando los sueldos todos estos años.

El encargado de los intercambios con Venezuela desde la Argentina fue De Vido, el acusado por Baiano. Al poco tiempo de cerrarse el trato con Chávez, el entonces canciller de la Argentina, Rafael Bielsa, pidió a Kirchner que le relevara de esa relación. Hacia 2010, el diplomático Eduardo Sadous, exembajador argentino en Venezuela, denunció que en Caracas funcionaba una embajada paralela para transacciones sospechosas. Sadous dijo que el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, cobraba un 15% del contrato a las firmas que conseguían ingresar al fideicomiso. Cresta Roja sería una de ellas. Sadous no consiguió que quienes le confiaron esos detalles ratificaran sus dichos en los tribunales. Fue procesado, a pedido de De Vido.

Los Gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela utilizaron las relaciones exteriores para montar un entramado de negocios ilegales

Petrobras y Cresta Roja son dos manifestaciones de un mismo método. Envueltos en la bandera de una ideología estadocéntrica, que defiende las regulaciones y subsidios en nombre de la justicia social, los Gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela utilizaron las relaciones exteriores para montar un entramado de negocios ilegales. En el del chavismo y el kirchnerismo la extensión de esa urdimbre está aún por conocerse. Aunque hay indicios de derivaciones truculentas: Chávez fue determinante en el acuerdo entre Cristina Kirchner y el régimen de Mahmud Ahmadineyad. El fiscal Alberto Nisman denunció que ese pacto se había sellado con petróleo. Cuatro días más tarde apareció muerto, con un tiro en la cabeza.

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Publicado originalmente en El Pais, el 21 de diciembre de 2015