El Salvador: La ayuda de EE.UU. y la corrupción de El Salvador

Por:

Mary Anastasia O'Grady

En:

The Wall Street Journal

País:

Columnas

Fecha:

3 de julio de 2013
Algunos habrán escuchado hablar del puente hacia ningún lado en Alaska, que hace algunos años desató la ira de los estadounidenses. Ahora, hay una carretera en El Salvador que atraviesa por el medio de la nada.

 

A diferencia de lo que ocurría con su contraparte estadounidense, la Carretera Longitudinal del Norte —que pasa por algunas de las partes menos pobladas del país más densamente poblado de América Central— es una obra sin terminar, cortesía de los contribuyentes estadounidenses.

Esta carretera menos transitada forma parte de lo que la Corporación Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), una entidad dependiente del gobierno de Estados Unidos, tiene que mostrar como resultado de un convenio de asistencia de desarrollo con El Salvador de US$450 millones. La carretera pasa por terrenos que no son propicios para la agricultura, pero que ofrecen buenas perspectivas para la explotación del oro. Por desgracia, los políticos salvadoreños prácticamente han prohibido la minería.

Si este proyecto le parece absurdo, espere a escuchar el resto de la historia.

Un funcionario de la MCC me dijo que la meta del organismo es «reducir la pobreza en los países que son relativamente bien gobernados» en relación a sus pares. No obstante, hoy en día El Salvador es un país más pobre, más violento y más endeudado que cuando la MCC empezó a distribuir ayuda bajo el convenio en 2007. Durante las gestiones de los presidentes Tony Saca, del partido de centro-derecha Arena (2004-2009) y del actual mandatario del izquierdista FMLN, Mauricio Funes, el estado de derecho ha sido pisoteado y el clima empresarial se ha vuelto abiertamente hostil. El gasto deficitario y la corrupción se han disparado.

El Salvador no es un país bien gobernado. La característica que lo salva, aparentemente, es que es menos anárquico que otros clientes entre los cuales la MCC, una agencia de asistencia internacional establecida en 2004, debe elegir. La junta directiva de la MCC, encabezada por el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, revisará un segundo acuerdo con El Salvador, que en esta ocasión asciende a US$300 millones.

El Salvador debería ser comparado con el país que llegó a ser, que generó grandes expectativas. La cantidad de salvadoreños que vivían en la pobreza disminuyó de 66% a 30% de la población entre 1989 y 2006. La liberalización de los mercados también contribuyó a que el país empezara a cerrar la brecha con sus vecinos latinoamericanos. «La relación de su PIB per cápita al de América Latina pasó de 64% en 1989 a 81% en 2002», dijo el economista salvadoreño Manuel Hinds.

Desde 2006, las tasas de pobreza han subido, alcanzando 47,5% en 2012. La relación entre el PIB per cápita de El Salvador comparado con el de América Latina ha vuelto a 65%, casi el nivel de 1989 hacia finales de la guerra de 12 años que el país libró contra las guerrillas marxistas del FMLN.

Los apologistas atribuyen la espiral descendente a la mala suerte. Una mejor explicación es el intento del gobierno por acaparar poder que está aniquilando las instituciones y erosionando la libertad individual.

En 2000, El Salvador era la novena economía más libre del mundo, según el índice de libertad económica elaborado por la Heritage Foundation y The Wall Street Journal. Hoy, ocupa el puesto 45. En 2004, el Foro Económico Mundial colocó a El Salvador en el puesto 48 de las economías más competitivas. Ocho años después, se ubicaba en el lugar 101.

En la encuesta Doing Business del Banco Mundial correspondiente a 2009, El Salvador ocupó la posición 89 entre 180 países a la hora de evaluar la facilidad para formar, gestionar y cerrar una empresa. En 2012, el país descendió al puesto 113. La calificadora de riesgo Moody´s (MCO +1.18%) le otorgó grado de inversión a El Salvador en 1995, pero se lo quitó en noviembre de 2011.

Entre 2004 y 2012, El Salvador se precipitó de la posición 51 a la 83 en el índice de corrupción gubernamental elaborado por Transparencia Internacional. El organismo resaltó una donación sospechosa de US$840.000 a obras de «caridad» proveniente del presupuesto del presidente de la Asamblea Legislativa un mes antes de las elecciones legislativas de 2012. Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre derechos humanos mencionó la donación como un ejemplo de «una falta de transparencia en las adquisiciones públicas».

El gobierno de Funes estableció hace poco un consejo en «sociedad» con un puñado de los oligarcas salvadoreños para crear la ilusión de colaboración del sector privado. Pero un grupo reducido de familias ricas no puede hablar por todo un país. Hugo Chávez también logró cooptar a algunas empresas del «sector privado» para que lo ayudaran a avanzar su agenda.

Numerosos grupos del sector privado, como la Asociación Salvadoreña de Industriales y la coalición no partidista Aliados por la Democracia, que agrupa a entidades de la sociedad civil, se oponen a las crecientes tendencias autoritarias del gobierno y le están implorando a EE.UU. que preste atención, ante el temor de que la entrega de nueva asistencia sirva para financiar un golpe a la venezolana contra la democracia.

El senador estadounidense Marco Rubio (republicano de Florida) y el representante Matt Salmon (republicano de Arizona), quien preside el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, han expresado su preocupación. Un vocero de Rubio me dijo la semana pasada que clasificaciones como el Índice de Libertad Económica y el índice de Transparencia Internacional constituyen un «indicador clave de selección potencial» de cualquier convenio con la MCC. Subrayó que «las clasificaciones más bajas son una manifestación de debilidades institucionales que no han sido abordadas, como la fragilidad de la independencia judicial, y un proceso legislativo cada vez más opaco».

La Corporación Desafío del Milenio podría tratar de tomar el Juramento hipocrático y no causar daño. Eso significaría marginar a los políticos que no tienen interés alguno en el buen gobierno, aunque parezcan mejores que algunos de los otros bandoleros que gobiernan algunos países latinoamericanos.

 

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* Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal. – See more at: https://www.latinoamericalibre.org/columnas/detras-de-la-agitacion-social-en-brasil/#sthash.RMaZKyph.dpuf

Publicado en The Wall Street Journal, el 30 de junio de 2013