Hace unas semanas escribí sobre las políticas económicas más importantes que debería aplicar el gobierno para permitir que el país salga adelante. Sin embargo, es de suma importancia que el desarrollo económico vaya ligado al social para que el Gobierno le regrese a los individuos sus libertades.

Para el tema de educación, se aplicaría el sistema de vouchers. Esta medida la adoptó Chile, el país de Latinoamérica con el mejor puntaje en las pruebas PISA, así como Hong Kong, Holanda, Dinamarca y otros. Además de esto le devolvería a los padres o custodios el poder de decidir cómo y qué aprenden los niños. Es decir, no habrá currículum central dictado por el gobierno. ¿Qué derecho tiene el gobierno a decirle a alguien qué estudiar contra su voluntad? Se permitiría la apertura, sin ningún problema, de escuelas que usen los métodos Waldorf, Montessori, Sudbury, e inclusive los más actuales. Si desean saber más sobre la efectividad de los vouchers, vean los estudios del Fraser Institute y del Friedman Foundation for Educational Choice.

En cuanto a temas de libertad social, se le devolverá el derecho a las personas de casarse con quien desee, sin importar el sexo, y adoptar si así lo quiere. Los gobernantes no deben tener voz ni derecho de prohibirle a nadie ser feliz, siempre que esta felicidad no perjudique a un tercero. Muchos dirán que esto llevará al colapso de la civilización, algo que es falso. En países donde se aplica esta medida, nada ha ocurrido como consecuencia. Es más, una investigación de la Sociedad Psicológica de Australia demostró que los hijos de parejas homosexuales son igual de sanos y estables psicológicamente que los de parejas heterosexuales. La Asociación Americana de Psiquiatría publicó un estudio en el que demuestra que los hijos crecen mejor en un ambiente de dos padres casados, sin importar su orientación sexual, que si crecen con un solo padre. En fin, investigaciones bastan para demostrar que esto no es un problema.

Los ciudadanos tendrían nuevamente libertad para consumir drogas y se aplicaría una descriminalización por posesión y uso de estas. Lo que una persona haga con su cuerpo es problema de ella, no de los demás. Nadie tiene derecho a forzarte a hacer algo que no te perjudique; el gobierno no lo tiene, según la Constitución. Puedes intentar convencer a la persona de no hacerlo y explicarle tu punto de vista sobre los problemas que traen las drogas, pero impedirlo con el uso de violencia violaría su derecho de libertad y de propiedad privada, ya que su cuerpo es su propiedad. A los que dicen que esto va en detrimento de la sociedad, los invito a leer todas las investigaciones que se han hecho al respecto en Portugal, donde la descriminalización ha sido un éxito.

Un tema candente es el de transporte masivo. Este es de tipo social porque afecta directamente la calidad de vida de las personas, pero también es económico porque el tranque trae pérdidas a muchas empresas. La nota titulada “Transporte público y posibles soluciones”, publicada por Alfonso Acosta en este diario, nos enseña que la solución es sencilla. Lo único que el gobierno tiene que hacer es sacar sus manos de esta industria y permitir la libre competencia de buses. Esto también aplicaría para los taxis. Si una persona opta por utilizar los “taxis piratas” hace uso de su derecho a la libertad de escoger cómo desea movilizarse. El gobierno no solo impide que se solucione el problema, si no que coarta uno de nuestros derechos fundamentales. Los individuos somos mucho más eficientes y efectivos a la hora de encontrar soluciones prácticas a problemas que el gobierno.

Estas propuestas, junto con las económicas, mejorarían significativamente el estándar de vida de todos los panameños. Este país lo que necesita es un gobierno que le regrese el poder y los derechos a los ciudadanos, y estas propuestas hacen esto mismo. La solución es menos gobierno y más libertad para elegir, contrario a lo que se ha hecho hasta ahora.

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Publicado originalmente en Fundación Libertad de Panamá, el 4 de junio de 2013